Este jueves 12 de junio, el laboratorio de Manuel Elkin Patarroyo apagará sus luces y cerrará las puertas. Quedará clausurado. Un fallo judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le revocó al médico la licencia que lo facultaba para utilizar 4.000 micos ‘Aotus Nanymae’ en sus experimentos.
El tribunal, además, estudió una posible violación de tratados internacionales que permiten el uso de máximo 800 micos por año. Patarroyo ha dicho que apelará la sanción. Aseguró que no ha traído monos de Brasil y que si cierran el laboratorio no habrá vacuna contra la malaria. Hace unos meses, el periodista Simón Posada escribió en Kien&Ke este completo reportaje en el que da cuenta de las pruebas que una ambientalista presentó contra quien es reconocido como el mejor científico de Colombia.
Las pruebas contra Patarroyo
Los micos Aotus son, quizá, los más feos del reino animal. Incluso, son poco inteligentes si se les compara con otros primates, capaces de usar herramientas y ser entrenados para robar. Además, por segregar una sustancia de olor fuerte parecida a la brea, los Aotus son poco apetecidos como alimento en la selva. Sin embargo, este mico podría quitarle al perro el título del mejor amigo del hombre: su genotipo es muy similar al del ser humano, una cualidad que lo hace indispensable para la experimentación biomédica y lo convierte en protagonista de una acción popular que enfrenta a la ambientalista Ángela Maldonado y su equipo contra el científico Manuel Elkin Patarroyo, representante legal de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia.
En Google, el nombre de Angela Maldonado arroja 7’180.000 de resultados. En uno de los links, una nota del periódico El Tiempo dice que ganó el Whitley Gold, el premio de conservación ambiental más importante del mundo, con una bolsa de sesenta mil libras patrocinada por la Princesa Anne, la única hija de Elizabeth II. Pero en otro de los links, Carlos Fernando Márquez Morales, exjefe de sistemas de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC), describe a Maldonado como una persona que defiende al medio ambiente con histeria, dueña de un “ecologismo ciego que obstruye” la investigación para la vacuna contra la malaria y que no hace “un adecuado balance entre la importancia de los micos […] y la que tienen los seres humanos, que también merecen ser protegidos”.
La Princesa Anne, la única hija de Elizabeth II, es la benefactora del Premio Whitley Gold, el más importante en cuanto a conservación en el mundo. Ángela Maldonado recibió el galardón en 2010 por su lucha contra el tráfico de monos Aotus de Perú y Brasil hacia Colombia.
Esas afirmaciones están en el blog nojodanmasapatarroyo.blogspot.com, de propiedad de Márquez, en el que le responde a Maldonado de manera informal por la acción popular del 15 de abril de 2011 contra la FIDIC, el Ministerio de Ambiente, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía) y la Procuraduría General de la Nación para Asuntos Ambientales y Agrarios. En ella, frente al Tribunal Superior de Bogotá, se les acusa de no seguir el régimen de obligaciones y prohibiciones del Código de Recursos Naturales para la captura de micos del género Aotus, utilizados por Patarroyo en sus investigaciones. Además, se afirma que la FIDIC promovió la caza comercial al ponerle precio a cada animal capturado. Es decir, de acuerdo a las denuncias de Maldonado, la caza de micos Aotus para investigaciones se convirtió en una fuente de ingresos para las comunidades indígenas, algo que “afecta gravemente las conductas éticas no solo de los colectores, sino que además de los curacas [sic] quienes reciben dinero por la inclusión de colectores peruanos que no residen en su comunidad”. Esta prohibición está contemplada en el Capítulo VI artículo 21 del Decreto 309 del 25 de febrero de 2000: “Prohibición de comercializar especímenes o muestras obtenidos con fines de investigación científica”.
Pero eso no es todo. Maldonado acusa a las entidades de no saber a ciencia cierta si el número de animales extraídos es problemático para la recuperación de la población de Aotus, una especie que tiene sólo una cría cada veinte meses por pareja. “Sin dicha certeza científica y técnica era imposible llevar y adelantar un monitoreo estricto de poblaciones y ecosistemas, de conformidad a lo exigido por la normatividad ambiental vigente en el país”, afirma. Además, dice que se ha violado el protocolo de liberaciones para el repoblamiento de especies cazadas para investigación científica del International Union for Conservation of Nature (IUCN), por hacer liberaciones masivas de hasta 253 animales en dos localidades ‒los Aotus son una especie muy territorial, y al parecer no viven en grupos de más de cinco ejemplares‒.
Sin embargo, la acusación más seria contra Patarroyo en esta acción popular es por tráfico ilegal internacional de fauna. Al parecer, existen doce especies de micos Aotus, entre ellos el Aotus nancymaae. El 14 de mayo de 2008, funcionarios de Corpoamazonía inspeccionaron las instalaciones de la FIDIC en Leticia y encontraron 640 animales, de los que 98%, 627 animales, eran, al parecer, nancymaae. ¿Por qué Patarroyo experimentaba con esta especie si el permiso que tenía era sólo para la especie vociferans, según una resolución de Corpoamazonía de 2006? ¿Qué importancia tiene que haya experimentado con nancymaae en vez de vociferans, como lo ha manifestado en sus artículos publicados en las revistas Elsevier y Springer-Verlag?
Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), la especie nancymaae sólo ha sido registrada en Brasil y Perú. Pero, ¿qué tan cierto es que el Aotus nancymaae sólo habita en esos países? ¿Acaso los Aotus reconocen las fronteras en medio del follaje? El primatólogo Thomas R. Defler, autor del libro Historia Natural de los Primates Colombianos, afirma que es posible que el nancymaae esté en el sur de Colombia o en el trapecio amazónico. Sin embargo, se debe aclarar que la afirmación de Defler fue hecha en la segunda edición de su libro, publicado en 2010, año en el que la FIDIC ya habría realizado en Colombia liberaciones de nancymaae cazados en Perú y Brasil. Además, Defler asegura que si la especie Aotus nancymaae se encontrara en Colombia, debería ser clasificada como “En Peligro” por la IUCN, porque sus poblaciones serían muy pequeñas.
Para defenderse de las acusaciones, la FIDIC hizo un estudio de la presencia de nancymaae y plan de repoblamiento entre febrero de 2006 y enero de 2007. Se le halló en la comunidad de San Juan de Atacurí, en la Amazonía colombiana. Con esta información, el Ministerio de Medio Ambiente decidió “revisar y reconsiderar aspectos que tienen que ver con la presunta violación a la normatividad ambiental vigente”, y dejó de investigar a Patarroyo el 1 de julio de 2009. Así, si el estudio había encontrado nancymaae en Colombia, la FIDIC no podía ser acusada de haberlos introducido de forma ilegal en el país.
Sin embargo, existen dos argumentos en contra de ese estudio de la FIDIC. En primer lugar, cabe preguntarse si es lícito que hayan hecho el estudio con el que la ley los iba a absolver, y además, sufrió duras críticas en el mundo científico colombiano. La bióloga Marta Lucía Bueno Angulo, de la Unidad de Genética del Departamento de Biología de la Universidad Nacional, y la veterinaria Claudia Brieva de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la misma universidad, dieron su concepto técnico sobre el estudio. Bueno tiene Magíster sobre Gestión, Conservación y Control de Especies sometidas a Comercio Internacional, y Brieva en salud de animales silvestres del Royal Veterinary College, en Londres. Por eso, eran las personas idóneas para evaluar el informe. “Después de estudiar el citado documento, basándose en criterios meramente científicos, se resaltan algunos puntos que demuestran que el permiso de extracción de un número tan significativamente alto de primates (más de 1000 individuos) no es viable”, afirmaron. Bueno y Brieva encontraron errores de ortografía en términos ‒el documento habla de “transepto”, en vez de “transecto”‒, critican la ausencia de firma del autor, dicen que tiene datos de censo en vez de datos de campo en bruto, preguntan por los mapas del muestreo y los nombres de las personas involucradas en el censo ‒“ya que el nivel de entrenamiento del personal es decisivo para obtener resultados confiables”‒ y resaltan que no hay información sobre el número de observaciones realizadas. En total, el documento anota 29 irregularidades del informe de la FIDIC.
El tema del presunto tráfico y maltrato de animales en los experimentos del doctor Patarroyo ha sido ventilado más de una vez en los medios y los estrados judiciales. En varias ocasiones se han filtrado fotografías de monos que, al parecer, han salido de las instalaciones de la FIDIC. Se dice, incluso, que algunos han sido liberados sin el bazo. “Con este método, Patarroyo logra que los Aotus se contagien de un tipo específico de plasmodium para poder estudiar su respuesta inmune”, afirma Lina María Peláez, una veterinaria de la FIDIC que renunció y ventiló a los medios las irregularidades del Instituto en los medios. Peláez también afirma que el método de investigación del doctor Patarroyo está revaluado: “esos estudios deben hacerse con animales criados en cautiverio, porque son animales que ya están acostumbrados al encierro. Patarroyo, al encerrar animales salvajes en sus instalaciones, les altera su respuesta inmune por el estrés del cautiverio. Por eso, sus animales pueden ser más propensos a contraer la malaria porque el estrés afecta sus glóbulos blancos, que son los responsables de la respuesta inmune”.
(Abajo) Un Aotus sacado de la FIDIC en 2008 en mal estado de salud. Tenía una enfermedad conocida como dermatofilosis y agarrotamiento muscular por el cautiverio. Sorprende la similitud con la fotografía del Aotus (arriba) revelada por la revista Cambio en 2007. Peláez trabajaba en la FIDIC, pero renunció por las irregularidades cometidas.
En cuanto al tráfico, Carlos Fernando Márquez afirma en su blog que en “cuatro de estos procesos [Patarroyo] ya ha sido exonerado mientras los restantes siguen su trámite legal con alta probabilidad de terminar en absolución, como los demás, cosa que no debe escapar al análisis de Maldonado y su grupo, luego se trata más de una estrategia de desgaste que de un verdadero interés por la protección de los monos y su entorno […] Este no es un ejemplo de perseverancia sino de odio o de interés desmesurado”. En una entrevista para la revista Gente, Patarroyo dijo “todavía tengo cinco procesos internacionales, he respondido a dos y he sido eximido de los cargos. Pero todo esto retrasó cuatro años las investigaciones y me cerraron la estación durante un año y medio”.
Pero las pruebas por tráfico de especies van más allá de establecer si los nancymaae que se encontraron en el laboratorio de Patarroyo fueron cazados en Perú y Brasil. Las investigaciones de Maldonado en la selva arrojaron el nombre de Carlos Barbosa Fernández, un peruano con cédula colombiana que vive con la comunidad de Vista Alegre, Perú, y que le proporciona a la FIDIC animales capturados en las comunidades peruanas de Puerto Alegría, Yahuma y Gamboa, entre otras. Se dice que los viernes, antes de las 5 a. m., son llevados al laboratorio de Patarroyo. El 2 de julio de 2010, por ejemplo, Barbosa le entregó a la fundación 41 animales, que habrían sido pagados a $50.000 cada uno. Siete días después, llevó 24 animales más. En la Solicitud de Permiso de la FIDIC para sus operaciones entre 2010 y 2014, el dinero destinado a “Reconocimiento al Sistema de Captura” fue de $152’510.000 para 2010 (ver documento). Si esta cifra se divide por 800, que es el número de monos a capturar, el valor de cada uno sería de $190.637. ¿Por qué les pagan a los cazadores sólo $50.000? ¿Qué pasa con el dinero restante?
Sin embargo, Barbosa no es el único cazador. Maldonado realizó entrevistas en comunidades de Perú y Brasil con indígenas que reconocieron vender micos Aotus a Leticia. Uno de ellos habla de Patarroyo e, incluso, fue encarcelado por la Policía en Colombia.
La acción popular de Maldonado contra Patarroyo cayó como un meteorito sobre la Amazonía colombiana. Dos meses después, el 10 de junio de 2011, la Asociación de Autoridades Indígenas (Aticoya) publicó una resolución en la que acusaban a Maldonado de hacer investigaciones sin permiso en el resguardo; tergiversar y pagar a los indígenas por los testimonios que usaría contra Patarroyo; mentir sobre las relaciones entre Aticoya, Corpoamazonía y la FIDIC, y perjudicar con sus acciones a los indígenas que viven de la caza de monos Aotus (ver carta Resolución Aticoya). El documento está firmado por Vicente Macedo Sinaragua, presidente de Aticoya, quien les prohíbe la entrada al resguardo a Maldonado, los miembros de la Asociación Primatológica Colombiana y la Fundación Entropika. Carlos Fernando Márquez publicó la noticia en su blog, con el título de Se le apareció la virgen a Patarroyo. En él, afirma que “no especifican si la sanción consiste en una fuetera o en algún otro castigo que le ponga freno al comportamiento enfermizo de la imputada, que debe estar esperando con ansiedad una respuesta de Patarroyo que le permita ganar algo de notoriedad […] Mejor dicho, a Patarroyo se le apareció la Virgen de los monos, despeinada, con botas pantaneras, cuatro lagartos y un Whitley Gold, premio que se devaluó cuando se lo entregaron porque premiar mentiras no es algo que exalte a nadie”. El 29 de junio de 2011, Maldonado denunció a Márquez por injuria “y eventualmente calumnia” por las publicaciones en su blog.
En la última página de la resolución (ver documento) hay doce firmas de autoridades indígenas que avalaban la decisión. Maldonado accedió al documento y le llamaron la atención dos detalles: la fecha de la página de firmas dice “Puerto Nariño, 10 de junio de 2011”, pero la fecha, “10 de junio”, aparece en letra a mano alzada, no impresa, como sí está escrito el resto del encabezado (ver página de firmas). Además, una de las personas que firmó ha sido un colaborador constante de su causa. En un audio de una conversación telefónica con Maldonado, la persona asegura que no pudo haber firmado un acuerdo en la Junta de Curacas el 10 de junio de 2011 porque dejó su cargo el 20 de mayo de 2011, 21 días antes de la resolución que le prohibía la entrada a Maldonado al resguardo de Aticoya. Kien&Ke tiene el audio de la conversación telefónica y una carta firmada por la persona, donde afirma que no pudo poner su firma porque ya no era curaca, y que nunca asistió a la Junta de Curacas que le prohibió la entrada a Maldonado. Todo parece indicar, entonces, que la página de firmas de la resolución de Aticoya pertenece a una reunión anterior al 20 de mayo, y que fue manipulada y puesta allí para sacar del camino a Maldonado, quien ha hecho consultas previas frente al Ministerio del Interior y tiene los permisos para acceder a dos de las comunidades que pertenecen a Aticoya.
Angela Maldonado en entrevistas con indígenas en Vista Alegre, Perú.
¿Qué dice la FIDIC y Corpoamazonía como respuesta a la acción popular de Maldonado? El 22 de junio de 2011, Corpoamazonía respondió que no es cierto que los permisos dados a la FIDIC se hayan convertido en caza comercial, porque los indígenas tienen permiso del curaca. Dicen también que los informes aportados por Maldonado carecen de fundamento por basarse en entrevistas en Perú, Brasil y Colombia, y no en estudios demográficos, “por lo tanto la publicación no pasa de ser apreciaciones personales y subjetivas de la accionante”. Afirman, además, que entre 2011 y 2012 se harán estudios para saber si se debe implantar una colonia en cautiverio de Aotus para investigaciones científicas y que Corpoamazonía investiga la presencia de nancymaae en Colombia junto al Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto de Genética de la Universidad Nacional, el Instituto SINCHI y el apoyo de Interpol. En cuanto a la afirmación de Maldonado de que los permisos dados al FIDIC se encuentran viciados de nulidad, Corpoamazonía afirma que esos reclamos debieron hacerse en la época del permiso. Al final, frente a la acusación contra el doctor Patarroyo de tráfico de especies de Brasil y Perú, Corpoamazonía afirma que el hecho ya fue remitido al Ministerio de Ambiente para su posterior investigación.
La FIDIC le respondió a Maldonado el 10 de junio de 2011. Afirmaron que el apelativo de “caza comercial” no puede aplicarse porque ellos no obtienen aprovechamiento comercial de los Aotus, según el Artículo 10 del Código de Comercio. Dicen además que a los indígenas “les interesa colaborar también con los estudios para la salud humana, entienden la importancia de la investigación con fines medicinales […] está definido en su misma cultura desde hace años y es que de ella hace parte la captura de esta especie, lo que los hace más calificados en este procedimiento, incluso por años los Aotus han sido también alimento para sus comunidades y no sobra decir que no afectarían ellos su mismo ambiente”. En cuanto al tráfico de especies, afirman que ese tema ya fue solucionado frente al Ministerio del Medio Ambiente ‒con el estudio que ellos mismos hicieron para ser absueltos, y que Marta Bueno revalúa‒, y que la justificación principal para que se les otorguen los permisos han sido los resultados de la investigación biomédica en malaria. La conclusión de la respuesta de la FIDIC es que “nuevamente hay una serie de acusaciones incluso nuevamente ante la Fiscalía General de la Nación que en nuestro sentir desgastan la justicia y además están afectando a un médico científico, con afirmaciones que hacen los demandantes y que son muy severas y salidas de tono sin el mayor respeto, obstaculizando además el trabajo de una gran persona”.
Maldonado encuentra insatisfactorias las respuestas de la FIDIC y Corpoamazonía. Afirma que no es un argumento válido decir que los indígenas tengan permiso del curaca para cazar los animales, que por el hecho de vivir en la selva pueden no tener noción del equilibrio ecológico. “Claro que hay caza comercial porque cada mico tiene su valor. Los indígenas los venden y la FIDIC los compra. Incluso, ese rubro lo tienen en su presupuesto. Además, varios de los indígenas entrevistados han manifestado que no saben para qué son los micos”, dice. Maldonado agrega que ella sí realizó un estudio demográfico, que acaba de ser recibido para publicación por una importante revista científica en el país. “De una manera elegante, en el sentido científico de este adjetivo, la autora presenta clara y directamente evidencia cuantificable del impacto ambiental del tráfico de estos primates en el área de estudio, provee elementos históricos que ayudan a contextualizar los resultados y señala consideraciones futuras”, dice el comité evaluador de la revista, además de pedirle que verifique ciertos datos taxonómicos. Por último, Maldonado dice que ella respeta el trabajo del doctor Patarroyo y que en ningún momento ha hecho afirmaciones “severas y salidas de tono sin el mayor respeto”, como asegura la FIDIC. Su objetivo, dice, es que sus investigaciones se hagan bajo el estricto marco de la ley y la ética científica.
Kien&Ke le preguntó al doctor Patarroyo por todas las irregularidades que manifiesta Maldonado, y respondió: “El Dr. Patarroyo, siempre respetuoso de la ley, solo responde ante las autoridades y no se refiere a chismes, suposiciones, consejas ni calumnias”. El 27 de julio, a las 8 a. m., el doctor Patarroyo enviará a su abogada, Mireya Sanabria, a la audiencia especial de pacto de cumplimiento en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera (Av. Cl. 24 No. 53-28. Torre A. Oficina 4-12), frente a la magistrada Claudia Lozzi Moreno. Allí estará Angela Maldonado con su abogado, Gabriel Vanegas Torres, quien le ha ayudado a armar toda la estantería legal en esta contienda.
