1. El Cartel de la contratación en Bogotá

Los atrasos en las obras de trasmilenio de la calle 26 destaparon las irregularidades en la billonaria contratación de obra pública del IDU. El escándalo terminó en investigaciones de responsabilidad penal y disciplinaria a varios funcionarios del gobierno distrital y llegó hasta el  alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y a su hermano, el senador Iván Moreno, al contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Russi, y al senador liberal Germán Olano. El sector privado no escapó y quedaron al descubierto las irregularidades del hasta entonces emporio de la construcción de los hermanos Guido, Miguel y Miguel Nule. Igualmente salieron a la luz los nombres de otros empresarios, Mauricio Galofre Amín, Julio Gómez y Emilio Tapia, todos presuntamente implicados en las irregularidades.

2. La demanda de Ingrid a la nación

El país aún no se repone de la indignación que produjo la solicitud de indemnización al Estado colombiano por 17 mil millones de pesos que hizo la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, como resarcimiento por los años en que permaneció secuestrada por las Farc. La presión de la opinión pública fue tal que Betancur tuvo que desistir de su pretensión. El entonces vicepresidente Francisco Santos calificó el episodio como “el premio mundial a la hipocresía, al oportunismo y la ingratitud”.

3. Las  nóminas paralelas de la Contraloría

El Auditor General Iván Darío Gómez Lee puso al descubierto  una nómina paralela creada en la Contraloría General durante la administración de Julio César Turbay Quintero. La Auditoría encontró más de 2.700 contratos de prestación de servicios por algo más de 53.000 millones de pesos, en su mayoría por lapsos muy breves. Según el informe entregado por esa entidad, la Contraloría no pudo explicar el valor  de los honorarios que se pagaron a decenas de contratistas. También encontró fallas en la documentación que debía sustentar dicha contratación.

4. La muerte política de  Piedad Córdoba

Una de las protagonistas más polémicas de la política colombiana perdió sus derechos políticos por decisión del Procurador Alejandro Ordónez quien la inhabilitó por 18 años. La sancionó disciplinariamente por sus relaciones con las Farc, que según su fallo trascendieron las gestiones de intercambio humanitario.  La Procuraduría dijo haber encontrado en los computadores de alias ‘Raúl Reyes’ comprometedores correos electrónicos entre el grupo guerrillero y la senadora, en los que la identificaban como alias de ‘Teodora’, ‘Teodora de Bolívar’, ‘la Negra’ y ‘la Negrita’. Córdoba desmintió las pruebas, pero aún así fue sancionada.

5. La feria de la Dirección Nacional de Estupefacientes

El gobierno nacional intervino la Dirección Nacional de Estupefacientes y la  Procuraduría abrió indagación preliminar contra los ex directores de la Carlos Albornoz y Ómar Figueroa, por las denuncias relacionadas con la administración irregular de bienes incautados a la mafia. Fueron señalados varios políticos de haber intervenido para favorecer a parientes en la adjudicación de contratos de administración de bienes incautados a la mafia. Los nombres de Luis Humberto Gómez Gallo, Javier Cáceres Leal, Hernán Andrade, Lucero Cortés, Myriam Paredes, Eduardo Enríquez Maya, Óscar Fernando Bravo, Miguel Pinedo Vidal, el dirigente Enrique Caballero, Rufino Córdoba, Héctor Ospina y Álvaro Ashton Giraldo formaron parte de la lista negra.

6. Los niños asesinados de Arauca
El 14 de octubre fueron asesinados Jimmy Ferney, de nueve años, Jefferson Yovani, de seis, y Yenni Torres Jaimes, de trece, por parte de un miembro de la Fuerza Pública. Los menores fueron ultimados y enterrados en un paraje de Caño Temblado, en el municipio de Arauca. El hecho, que causó la indignación nacional,  fue cometido por el subteniente del Ejército Raúl Muñoz Linares quien terminó capturado por las autoridades. El oficial confesó haber violado a la menor de trece años antes de asesinarla. El suceso llevó a varios comandantes del Ejército a pedir perdón a la familia de los menores.