En las montañas del Catatumbo, en las selvas del Pacífico, y ahora también en los celulares de los jóvenes más vulnerables, los grupos armados ilegales en Colombia han perfeccionado sus métodos para reclutar niñas, niños y adolescentes. Y lo hacen con una frialdad tan calculada como alarmante.
Un reciente informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, titulado “Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños”, ha encendido las alarmas una vez más: al menos 658 menores fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos entre 2022 y 2024 como consecuencia directa del conflicto armado en el país.
Lo que antes ocurría en los caseríos más alejados, ahora también ocurre en los perfiles de TikTok y Facebook. El informe, publicado este viernes, describe un panorama desolador: reclutamiento forzado, asesinatos, violencia sexual, desplazamientos y desapariciones. Y todo ello con una tendencia que no cede.
Solo en el primer trimestre de 2025 se recibieron 118 denuncias de reclutamiento infantil, de las cuales ya se han verificado 51. “Confirmamos la gravedad de la situación y la urgencia de adoptar medidas adecuadas desde las entidades públicas”, advierte el documento.
TikTok, Facebook y la nueva trampa del conflicto
Los grupos armados ilegales están mutando. Sus tácticas ya no se limitan al territorio físico: las redes sociales se han convertido en un nuevo campo de batalla por la mente y el cuerpo de los menores. A través de plataformas como TikTok y Facebook, estos grupos promueven una narrativa peligrosa: glorifican la guerra, normalizan la violencia y seducen con falsas promesas de pertenencia, poder y dinero fácil.
El informe señala que se ha notificado oficialmente a las empresas Meta (propietaria de Facebook) y TikTok sobre esta tendencia, instándolas a tomar medidas urgentes. “Estamos muy preocupados por la creciente tendencia del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, que parece continuar y agravarse aún más en 2025, en un contexto preelectoral”, explicó Scott Campbell, representante de la ONU en Colombia.
Niñas, migrantes e indígenas: las principales víctimas
Detrás de cada cifra hay una historia interrumpida. De los 658 casos verificados entre 2022 y 2024, 474 corresponden a reclutamiento o utilización de menores por parte de actores armados. Pero también se contabilizan 70 homicidios, 66 lesiones, 89 casos de violencia sexual o basada en género, 54 detenciones arbitrarias, 94 desplazamientos forzados y 2 desapariciones.
Las víctimas no están distribuidas al azar. Según el informe, el 48,3 % de los menores reclutados pertenecen a comunidades indígenas o afrodescendientes, y casi un tercio son migrantes venezolanos, muchos de ellos no acompañados. Además, las niñas representan el 40 % de los casos, lo que pone en evidencia la dimensión de género de esta problemática. La pobreza, la ausencia del Estado y la desesperanza son el caldo de cultivo perfecto para que el crimen organizado continúe atrapando a la niñez colombiana en sus redes.
El Catatumbo: epicentro del horror
La región del Catatumbo, en el norte del departamento de Norte de Santander y frontera con Venezuela, se menciona como uno de los focos más preocupantes del informe. Allí, la ONU documentó ataques a escuelas y múltiples violaciones, incluidas las muertes de dos menores que habían sido reclutados y fallecieron en combates.
Esta región, históricamente abandonada por el Estado, ha sido un terreno fértil para la expansión de grupos armados como el ELN, disidencias de las FARC y bandas criminales asociadas al narcotráfico. El informe habla de un recrudecimiento y expansión territorial en las violencias contra niños y niñas, impulsado por la lucha de los grupos por el control social y económico de la zona.
“Paz total” con avances parciales
Desde su llegada al poder en agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro ha impulsado su ambiciosa política de “paz total”, buscando acuerdos con distintos actores armados. Sin embargo, los avances han sido limitados y, en muchos territorios, la violencia no ha disminuido, sino que se ha transformado y, en algunos casos, agudizado.
El informe de la ONU deja entrever un escepticismo prudente: “Nos preocupan los vacíos institucionales para prevenir el reclutamiento y la violencia sexual contra menores”, se lee en el documento. Campbell fue enfático: “El Estado tiene la obligación de proteger a las niñas y los niños del horrible crimen del reclutamiento o utilización, que destruye la vida de las víctimas, de sus familias, de sus comunidades y el futuro de varias de las próximas generaciones de colombianos y colombianas”.
El futuro en juego
El informe de la ONU no es solo una advertencia. Es una llamada urgente a actuar. En un país que se prepara para elecciones presidenciales en 2026, la niñez no puede seguir siendo una moneda de cambio ni un blanco silencioso del conflicto. Las cifras duelen, pero más aún la normalización del horror.
Si Colombia quiere reconciliarse consigo misma, deberá mirar con seriedad esta realidad, proteger a sus niños y niñas, especialmente a los más vulnerables, y recuperar el control de los territorios y, ahora también, de las redes sociales donde hoy se juega el futuro de una generación.
