Luis Fernando Villa, presidente de la asociación de mototaxistas de Tarazá, Antioquia, fue asesinado a tiros a un par de cuadras donde el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en horas de la mañana del mismo día del crimen, encabezó un consejo de seguridad por el incremento de violencia que se presentan en la zona. Ocurrió el 29 de diciembre.
El mismo día en Bahía Solano, Chocó, en medio de matorrales fue hallado el cadáver baleado de Maye Sarco Dogirama, una líder indígena de la comunidad Embera de 22 años de edad y también el sábado, pero en Nariño, en el municipio de Ricaurte, fue asesinado a tiros el gobernador indígena del Resguardo Pingullo Sardinero, Alejandro Pascal Pai y su esposa quedó gravemente herida.
Un día antes, el 27 de diciembre, también en Tarazá, fueron asesinados con arma de fuego Javier Enrique Tapias e Irma Vianey Restrepo, mientras se movilizaban en una motocicleta. Tapias, de 56 años, era líder social del municipio, miembro de la Asociación Campesina de Bajo Cauca (Asocbac) y de la Junta de Acción Comunal de la vereda Oco Abajo.
En Colombia la labor social y sindical, la defensa de los derechos humanos es una labor peligrosa, tanto que la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia expresó su preocupación por los asesinatos y amenazas contra líderes sociales en el país. El relator especial de ONU para los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, dijo que la situación en la que viven los líderes sociales de Colombia es terrible.
El reporte de la ONU indica que desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos y se ha informado de un total de 454 casos; no más en 2018, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de 2018, se reportó el asesinato de 226 líderes y defensores de derechos humanos, cifra que ha ido aumentado, ya que en 2017 se reportó el asesinato de 156 de ellos y en 2016 esta cifra llegó a 97.
El 2018 ha sido el más violento para los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, siendo los más afectados los líderes dedicados a trabajos comunales, de los cuales han sido asesinados, seguidos por los campesinos, comunitarios e indígenas, por esto para KienyKe.com los hombres y mujeres que dan su vida por defender los derechos y la integridad de los demás son nuestro personaje del año.
Ellos han demostrado que vale la pena luchar por lo colectivo. Han demostrado con su vida y con su muerte que el pelear y gritar por el bienestar de una comunidad y de una sociedad es la única manera de no permitir que vulneren las garantías y derechos. Paz en la tumba de los líderes.
La aguda situación llevó al Gobierno central a lanzar el Plan de Acción Oportuna (PAO), mediante el cual busca implementar medidas rápidas por parte de las entidades que tienen competencias en materia de protección a defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales.
De acuerdo con las comunidades, entre los responsables las amenazas y asesinatos están el grupo armado ilegal Águilas Negras (disidencia del paramilitarismo), así como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el grupo ilegal Ejército de Liberación Popular, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y disidentes de la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Las muertes de líderes sociales también se dan en las ciudades por cuenta de la defensa que varios de ellos hacen a la implementación del Acuerdo de Paz, la cual avanza a media marcha.
De los 574 compromisos que adquirieron el Gobierno y las FARC en el Acuerdo de Paz, 74 corresponden a medidas de protección y seguridad a líderes sociales, pero a pesar del despliegue inicial del Estado, las medidas no son efectivas.
En tanto, las investigaciones tampoco parecen avanzar como deberían, pues según reportes del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, solo en el 30% de los casos se ha detenido a los presuntos responsables.
La Fiscalía, por su parte, alega que no hay impunidad, ya que ha esclarecido el 55% de los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos cometidos desde 2016, pero no se basa para ello en las cifras de la Defensoría del Pueblo, sino en las entregadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que cifra las muertes en 183 casos a agosto de 2018.
Según el organismo, del total de muertes reportadas por la ONU, 90 ya fueron esclarecidas por los investigadores, mientras que se han producido 18 condenas con sentencias en firme, en 30 procesos se han formulado imputación de cargos y en 24 se han radicado los respectivos escritos de acusación.
Pero para los líderes sociales, las cifras manejadas por la Fiscalía no son satisfactorias ni mucho menos tranquilizadoras.
El pasado 28 de noviembre, en el marco de la primera visita al país del primer ministro de Holanda, Mark Rurte, líderes sociales de Urabá (Antioquia) pidieron al Gobierno central que continúe con la implementación del Acuerdo de Paz para que, entre otras cosas, se logre reducir las muertes de líderes y defensores de derechos humanos en el país.
"Solo quienes hemos vivido el conflicto en carne propia podemos ansiar la paz de corazón", dijo en esa oportunidad la defensora de Derechos Humanos, Carmensa Álvarez.
