El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) presentaron este martes un informe que denuncia la precaria situación de la comunidad indígena nicaragüense miskitu, debido a la llegada de colonos señalados de causar desplazamientos, hambrunas, asesinatos, secuestros y abusos sexuales.
Las organizaciones revelaron que las comunidades miskitu reciben constantes ataques y amenazas de grupos de colonos a pesar de poseer títulos de propiedad colectiva de sus territorios, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Detallan que los foráneos se han apoderado de las tierras de los indígenas para explotarlas motivados por intereses económicos.
Lea también: Río Pato: un campo de batalla que hoy se navega en paz
Lea aquí: La desmesurada historia de un asesino a sueldo
Le puede interesar: Mi vida en las peleas ilegales
Cejil y Cejudhcan sostienen que las autoridades han hecho caso omiso de los crímenes y que los perpetradores de los delitos no han sido llevados ante la justicia.
Uno de los principales hallazgos del informe es que la ocupación y el asedio de los colonos ha provocado que los indígenas, al haber sido desplazados de sus parcelas, no puedan sembrar alimentos para el consumo diario.
“Esta situación está generando una crisis silenciosa en términos de carencia alimentaria, desnutrición, afectación a la salud materna, acceso a la educación y falta de medios básicos para sostener una vida digna”, detalla el informe.
Los ataques de los colonos llegaron a su nivel más extremo en 2015, cuando miles de indígenas fueron desplazados. Al menos 3.000 llegaron a Honduras, donde buscaron refugio de la violencia desatada en su contra.
“Solo durante la segunda mitad de 2015 se produjeron más de 22 incidentes violentos contra las comunidades. El saldo de estos ataques fue de siete comunitarios asesinados, cuatro desapariciones y 16 personas heridas, incluyendo niños y adolescentes”, describen las ONG.
Después de la ola de violencia, las comunidades viven ante amenazas que las obligan a mantenerse al margen de sus parcelas, fundamentales para el cultivo de sus alimentos.
[single-related post_id="1041725"]
“Así, desde el año 2016 hasta el final de 2018 ocurrieron tres asesinatos y más de quince incidentes de violencia, incluyendo ataques armados, secuestros y diferentes formas de amenazas contra las comunidades, sin que nadie rinda cuentas ante la justicia”, sostiene el informe.
Durante 2019 han continuado las amenazas contra los indígenas e, incluso, se han registrado dos secuestros.
Lottie Cunningham, presidenta de Cejudhcan, afirmó que con la crisis y la politización de las instituciones que vive Nicaragua desde abril de 2018 se han ignorado totalmente las denuncias para que se investiguen los crímenes sufridos por los miskitu.
“Las autoridades del Estado han dejado estos casos en la impunidad”, le indicó Cunningham a la Agencia Anadolu.
La líder detalló que los colonos se encuentran armados y que hay exmilitares entre los grupos que han llegado a los territorios indígenas. Cunningham manifestó que los invasores buscan la explotación de los recursos naturales de la zona donde se ubican las comunidades indígenas.
“Sabemos que hay un interés político y económico detrás de las tierras indígenas y que donde existe alto riesgo es en las áreas con más recursos naturales para la explotación forestal y la minería. También hay sectores de cultivos de palma africana y de cacao”, mencionó la representante de Cejudhcan.
Para Cunningham, la falta de acción de las autoridades del Estado nicaragüense demuestra que “con su anuencia se ha permitido esta invasión masiva”. La representante indica, además, que el aspecto que más preocupa es la hambruna que se ha generado debido a los desplazamientos provocados a favor de la explotación de actividades en tierras donde los miskitu cultivan su comida.
La líder detalla que hay niños que han fallecido debido a falta de alimentos y medicinas tradicionales que también son extraídas de la tierra.
“Una madre me decía qué lo único que le están dando de comer a sus hijos es un banano, que llamamos pelipita, hervido que los niños no quieren seguir comiendo. Algunas le echan limón para cambiar su sabor y que el niño lo acepte”, aseveró Cunningham.
Ante la situación, los indígenas piden que se apliquen las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a siete comunidades miskitu que incluye la conformación de una instancia que diagnostique las fuentes del conflicto que sufren las comunidades.
La Corte IDH, además, le ha indicado al Estado nicaragüense que para garantizar la integridad de los territorios de los pueblos originarios se debe dar el saneamiento de sus tierras, de acuerdo a la ley local, para asegurar el retiro de las personas o grupos de personas no indígenas de las tierras comunales de los miskitu.
“El Estado no está buscando una solución para sanear los territorios. El procedimiento es que las autoridades del Estado tienen que reubicar a estos colonos”, mencionó Cunningham.
Cejil y Cejudhcan en su informe mencionan que para los miskitu es fundamental que se adopten medidas necesarias para garantizar el retorno de las familias desplazadas a sus comunidades de origen y que el Estado garantice sus derechos en materia de salud, educación, agua potable, alimentación y vivienda, entre otros.
[single-related post_id="1025830"]
Las organizaciones solicitan, además, que se investiguen “de forma exhaustiva e imparcial” todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos contra los miskitu.
En el informe, se indica que algunos miembros de Cejudhcan han sido amenazados por exponer la situación de la comunidad originaria, por lo que piden que se implementen las medidas de protección ordenadas por el Sistema Interamericano para que los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas puedan continuar con su labor.
Las ONG solicitan, además, que de común acuerdo con las comunidades afectadas se establezca la presencia de fuerzas de seguridad pública y otros servicios del Estado en los territorios miskitu, con el fin de que puedan llevar a cabo sus actividades de subsistencia como la siembra, pesca y caza en condiciones seguras.
