La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, cuestionó el control del sistema penitenciario tras revelar una fiesta al interior de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, ocurrida el 8 de abril, y lanzó críticas al manejo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la política de ‘Paz Total’.
Según explicó, la denuncia surgió luego de recibir información y videos que evidenciarían la realización de un “parrandón vallenato” en el que habrían participado cabecillas de estructuras criminales trasladados a ese centro penitenciario en el marco de diálogos urbanos que adelanta el Gobierno Nacional.
La concejal aseguró que, mediante un derecho de petición, obtuvo imágenes de cámaras de seguridad que mostrarían el ingreso de más de 100 personas al penal. “Parecía el ingreso a un concierto”, afirmó, al señalar fallas en los controles de acceso y custodia.
Investigación y posibles responsabilidades
Tras la denuncia pública, la Procuraduría asumió el caso y abrió una investigación disciplinaria bajo poder preferente. De acuerdo con Carrasquilla, 11 funcionarios fueron suspendidos, incluido personal de custodia y directivos del centro penitenciario.
La concejal sostuvo que en la cárcel se habrían permitido irregularidades como ingreso de licor, alimentos y personas no autorizadas. También advirtió sobre antecedentes de hechos similares, como celebraciones dentro del penal y posibles casos de fuga.
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En su análisis, estos episodios reflejan problemas estructurales de corrupción. “Las estructuras criminales tienen recursos económicos que terminan permeando a funcionarios”, afirmó, al señalar una posible cooptación institucional dentro del sistema carcelario.
Críticas a la ‘Paz Total’
Carrasquilla también cuestionó la implementación de la política de ‘Paz Total’, al considerar que la ley que la sustenta no ofrece herramientas suficientes para negociar con estructuras criminales urbanas.
Según indicó, la normativa se diseñó para grupos armados organizados y no para bandas delincuenciales, lo que ha limitado los resultados de los llamados diálogos sociojurídicos en Medellín.
La concejal afirmó que, pese a las mesas de conversación, persisten fenómenos como homicidios entre estructuras criminales y extorsión en distintos sectores de la ciudad. También señaló que las cifras oficiales no reflejan completamente la violencia asociada a estos grupos.
En ese contexto, insistió en la necesidad de reformas estructurales al sistema penitenciario y a la política de seguridad, así como en una mayor supervisión sobre el funcionamiento del Inpec.
