La Comisión Interamericana de Derechos Humanos encendió las alarmas sobre la situación del periodismo en Colombia. En su informe anual 2025, elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el organismo advierte un escenario de creciente violencia, censura y restricciones que afectan el ejercicio informativo, especialmente en regiones marcadas por el conflicto armado.
El documento revela cifras preocupantes: un 24 % de los medios en 34 municipios del país recibió amenazas para suspender coberturas, mientras que el 35 % optó por no publicar información por motivos de seguridad. Este contexto ha consolidado la autocensura como una práctica frecuente entre periodistas locales, quienes enfrentan presiones de grupos armados y redes criminales vinculadas a economías ilegales.
Asesinatos y amenazas que silencian
Entre los casos más graves, el informe destaca el asesinato del periodista Óscar Gómez Agudelo en Armenia, ocurrido en enero de 2024. El comunicador fue atacado mientras se dirigía a su programa radial, un hecho que, según la CIDH, generó temor generalizado en el gremio.
A estos hechos se suman los homicidios de Diomedes Farid Manrique en La Guajira y de María Victoria Correa Ramírez en Antioquia durante 2025. Aunque en algunos casos hay avances judiciales, el organismo advierte que aún no se ha determinado si los crímenes están directamente relacionados con su labor periodística.
La Fundación para la Libertad de Prensa ha alertado que las amenazas se extienden en varias regiones del país, muchas veces a través de plataformas digitales como WhatsApp o Telegram, donde periodistas son presionados para modificar o difundir contenidos bajo intimidación.
Intimidaciones digitales y desplazamiento
El informe también recoge denuncias sobre el uso de redes sociales para amenazar periodistas. Uno de los casos mencionados es el de Edward Fabián Álvarez Rivera, quien habría recibido amenazas de muerte por parte de un presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional. Como consecuencia, el comunicador tuvo que abandonar el Urabá antioqueño.
La CIDH advierte que la falta de respuesta efectiva por parte de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades competentes agrava el problema, al no garantizar investigaciones oportunas ni medidas de protección adecuadas.
Discursos estigmatizantes y presión institucional
El organismo también expresó preocupación por declaraciones de funcionarios públicos que deslegitiman la labor periodística. En particular, menciona señalamientos del presidente Gustavo Petro contra medios y periodistas, a quienes ha calificado en distintas ocasiones como “mentirosos” o “desinformadores”.
Para la CIDH, este tipo de discursos puede generar un ambiente de hostilidad que incrementa los riesgos para la prensa y abre la puerta a posibles actos de censura o represalias.
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Judicialización y censura indirecta
Otro de los puntos críticos del informe es el uso de procesos judiciales contra periodistas que investigan asuntos de interés público. La CIDH menciona el caso de Rafael Prieto Zartha y Carlos Alberto Vélez, quienes denunciaron presiones tras publicar investigaciones sobre presunta corrupción.
Según el organismo, estas acciones pueden convertirse en mecanismos indirectos de censura, al generar intimidación y obstaculizar el ejercicio informativo.
Mujeres periodistas: doble vulnerabilidad
El informe también destaca que las mujeres periodistas enfrentan un riesgo adicional debido a la violencia de género, especialmente en entornos digitales. La CIDH advierte que estas agresiones buscan silenciar sus voces y limitar su participación en el debate público.
Un llamado urgente a proteger la prensa
La CIDH concluye que la violencia contra periodistas en Colombia no solo afecta a los comunicadores, sino que compromete el derecho de la sociedad a estar informada. Por ello, hizo un llamado al Estado para fortalecer las garantías de seguridad, investigar los hechos y asegurar condiciones adecuadas para el ejercicio libre del periodismo.
