La Contraloría General de la República reportó que en enero de 2026 se firmaron 521.269 contratos por contratación directa por $32,88 billones. La última semana del mes concentró $14,8 billones y el 30 de enero marcó el pico con $5,7 billones en un día. El informe se construyó con registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) entre el 1 y el 30 de enero de 2026.
La Contraloría ubicó el reporte en el tramo previo a la Ley de Garantías. Según el propio comunicado, la restricción empezó el 31 de enero y limita este tipo de contratación durante el periodo electoral. Esto con la intención de bajar el riesgo de que el gasto público se vuelva herramienta de ventaja política.
Los números que prendieron la alerta
La señal no está solo en el volumen, sino en la concentración. Cuando el valor contratado se acumula en pocos días, los procesos de soporte se aprietan: estudios previos, supervisión y controles internos trabajan contra el reloj. Y es que en la comparación con el mismo periodo de 2022, la contratación directa pasó de 495.527 contratos por $25,22 billones a 521.269 por $32,88 billones. Eso equivale a +5,2% en número de contratos y +30,4% en valor.
¿Qué está en juego en año electoral?
El informe no presenta una acusación de uso electoral de recursos. La alerta apunta a riesgos que aparecen cuando el Estado contrata con el calendario encima.
Primero, confianza. Un pico antes de la Ley de Garantías alimenta la idea de que se amarraron contratos antes del cierre. Esa lectura pesa en campaña, incluso sin hallazgos de irregularidad.
Segundo, control. La concentración de gasto en pocos días aumenta la posibilidad de errores de trámite, objetos contractuales amplios y supervisión debilitada por carga operativa. El costo se paga en plata y en legitimidad.
Tercero, planeación. Si la explicación es ejecución tardía, el resultado práctico es el mismo: contratación acelerada en el momento más sensible del calendario político.
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¿Qué sigue?
La Contraloría anunció monitoreo preventivo y permanente del comportamiento contractual, con énfasis en alertas tempranas y transparencia durante el periodo electoral. En la práctica, el punto es medir si el patrón de enero se repite, cómo se distribuye el gasto y qué tan robustos quedan los controles cuando la regla se aprieta y la política se calienta.
