siete semanas de la primera vuelta presidencial, la Defensoría del Pueblo les pidió a los aspirantes a la Casa de Nariño asumir una agenda mínima en derechos humanos. El documento pone el foco en desigualdad, paz y seguridad, ambiente y transformación rural, y busca llevar esas prioridades al centro de la campaña.
La apuesta de la entidad no fue presentar un catálogo amplio de propuestas, sino marcar los asuntos que, a su juicio, no admiten más aplazamientos. La hoja de ruta parte de una advertencia de fondo: el próximo gobierno recibirá un país con crisis sociales, humanitarias y territoriales abiertas, y tendrá que responder con decisiones concretas desde el arranque de su mandato.
Una agenda social que va más allá de la pobreza
El primer bloque se concentra en la desigualdad. La Defensoría plantea que el próximo presidente no debería reducir la discusión a indicadores económicos, sino enfrentar brechas que siguen afectando a mujeres, pueblos étnicos, jóvenes, personas mayores, población con discapacidad y comunidades rurales. En ese frente incluyó temas como el Sistema Nacional del Cuidado, la permanencia escolar, la protección de derechos laborales y la necesidad de revisar la sostenibilidad y la equidad del sistema de salud.
Ese enfoque busca mover la discusión electoral hacia decisiones de política pública que inciden directamente en la vida cotidiana de millones de personas. La entidad sostiene que la garantía de derechos no puede quedar separada de asuntos como el acceso efectivo a salud, educación, empleo digno y protección frente a violencias basadas en género.
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Paz, seguridad y territorio
El segundo eje, uno de los más sensibles en campaña, es el de paz y seguridad. La Defensoría insiste en que esa discusión no debería presentarse como una elección entre diálogo o fuerza, sino como una política integral orientada a proteger a la población civil. Para sustentar ese llamado, recordó que durante 2025 se registraron 107.924 personas desplazadas en eventos masivos y 128.825 personas confinadas, con afectaciones críticas en regiones como Catatumbo, Chocó, Antioquia, Nariño y Caquetá.
A ese panorama se suma la situación de niños, niñas y adolescentes. La Defensoría reportó 257 casos de reclutamiento en 2025 y advirtió que existe subregistro por miedo a denunciar y por control armado en varios territorios. Desde 2017, además, el Sistema de Alertas Tempranas ha emitido 299 alertas sobre riesgos de reclutamiento, uso y utilización de menores. Con esas cifras, la entidad les está diciendo a los candidatos que la agenda de derechos humanos no puede tratarse por fuera de la discusión sobre seguridad y conflicto armado.
El tercer frente es el de ambiente y territorio. Allí la Defensoría conecta la protección de la naturaleza con el acceso al agua, la seguridad alimentaria, la salud y la estabilidad de las comunidades. El documento menciona fenómenos como la deforestación, las economías ilegales, la minería ilegal y el impacto del cambio climático sobre zonas especialmente vulnerables.
El cuarto punto es la transformación rural. La entidad sostiene que las brechas en acceso a tierra, justicia agraria y desarrollo territorial siguen siendo una deuda estructural del Estado. Por eso enlaza este tema con la implementación de la reforma rural integral y con la necesidad de consolidar reglas para resolver conflictos agrarios en regiones donde la violencia y la ausencia institucional siguen superpuestas.
El documento llega, además, en un momento en que la propia Defensoría ha venido haciendo seguimiento al clima electoral. En febrero, junto con la MOE, reportó avances en el cumplimiento del compromiso por unas elecciones libres y en paz, especialmente en el uso de lenguaje no violento y la difusión de información verificada.
Lo que sigue es ver si esta agenda logra entrar de verdad en la campaña presidencial. Por ahora, la Defensoría dejó trazado un mensaje claro: el próximo gobierno también será medido por cómo responda a estas cuatro urgencias en derechos humanos.
