La Defensoría del Pueblo se pronunció tras la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Caso 01, que por primera vez responsabiliza a los máximos dirigentes de las FARC-EP por su participación en al menos 21.396 secuestros, ejecutados como parte de una política planificada a gran escala durante el conflicto armado.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, destacó que esta decisión representa un paso histórico en la búsqueda de justicia y reparación, pero también señaló que persisten desafíos en la implementación de las sanciones.
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Crímenes reconocidos y sanciones restaurativas
La JEP declaró a los exintegrantes del secretariado de las FARC responsables de crímenes de guerra, como toma de rehenes, homicidios, torturas, violencia sexual y desplazamiento forzado; así como de crímenes de lesa humanidad, entre ellos desapariciones forzadas, esclavitud y actos inhumanos cometidos por las unidades bajo su mando.
“La sentencia reconoce 28 tipologías de daños causados a las víctimas en su dignidad humana, la vida comunitaria y los territorios del país”, explicó Marín.
Los responsables recibieron sanciones propias de 8 años de carácter restaurativo, que no contemplan prisión, debido al cumplimiento de dos condiciones esenciales: haber dejado las armas y reconocer públicamente su responsabilidad.
Según la defensora, estas sanciones “maximizan la contribución a la reparación y la restauración de los daños causados a través de la búsqueda de desaparecidos, actos de memoria, proyectos ambientales y desminado humanitario”.
Reclamos de las víctimas y dudas sobre la aplicación
No obstante, Marín subrayó que persisten reclamos legítimos de las víctimas, especialmente en lo relacionado con la violencia sexual: “Las víctimas han solicitado que las antiguas Farc asuman a profundidad su responsabilidad por estos hechos”.
Asimismo, expresó que todavía no hay claridad sobre cómo se compatibilizarán las sanciones con la participación política de los excombatientes, lo que genera dudas sobre su efectividad.
En los próximos 30 días deberá realizarse una consulta con las víctimas para definir los proyectos restaurativos en detalle. “Esta es una oportunidad esencial para fortalecer la participación activa de las víctimas y la legitimidad de las sanciones”, afirmó la defensora.
Acompañamiento institucional
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de acompañar a las víctimas y a la sociedad en el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz. “Nuestro deber es avanzar con base en el respeto integral y genuino de los derechos de las víctimas”, concluyó Marín.
Con este fallo, la JEP inaugura una etapa crucial en el proceso de justicia transicional, aunque aún quedan retos en la implementación de las sanciones y en la garantía de verdad y reparación plena.
