La Contraloría General de la República lanzó una advertencia contundente: los $107,4 billones invertidos en nueve años para implementar el Acuerdo Final de Paz no han producido cambios reales en los territorios más golpeados por la guerra. El organismo de control calificó la situación como crítica, pues una de las inversiones públicas más grandes de la historia reciente no ha logrado cumplir su propósito transformador.
El noveno informe de seguimiento reveló que el 42% de los proyectos etiquetados como de “paz” carecen de productos concretos asociados al acuerdo, mientras que solo el 17% presenta resultados medibles. En la práctica, significa que la mayoría de las iniciativas no permiten verificar si los recursos realmente llegaron a las comunidades o si están generando el impacto prometido.
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Uno de los hallazgos más alarmantes es el atraso de la Reforma Rural Integral. En casi una década solo se han formalizado 27.000 hectáreas de tierras, lo que al ritmo actual tardaría alrededor de 400 años en cumplir la meta de tres millones. Además, programas estratégicos como el Plan de Electrificación Rural arrastran un déficit de más de $10 billones, lo que amenaza la posibilidad de cerrar la brecha en servicios básicos en el campo.
La Contraloría también documentó deficiencias graves en la ejecución: proyectos de energías renovables sin sostenibilidad ni mantenimiento, demoras en los sistemas de información para hacer seguimiento y baja articulación institucional. El resultado es un mapa de inversiones fragmentadas que no se traducen en mejoras tangibles en educación, salud, infraestructura o productividad rural.
El análisis del ente de control deja un mensaje claro: la paz no se construye con cifras de gasto, sino con resultados visibles. Si no se corrige el rumbo, la implementación del acuerdo corre el riesgo de convertirse en una promesa incumplida, pese al enorme costo fiscal asumido por el Estado.
La advertencia es directa: sin cambios estructurales, cada peso adicional invertido seguirá sin reflejarse en la vida de las comunidades más vulnerables del país.
