El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció este martes frente a la denuncia pública realizada por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, y aseguró que el Gobierno activó todas las capacidades institucionales para esclarecer los hechos y garantizar su seguridad.
A través de un mensaje oficial, el jefe de la cartera de Defensa confirmó que sostuvo una comunicación directa con Idárraga Franco, a quien le reiteró el apoyo pleno del Ministerio de Defensa, así como de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, dentro del marco de sus competencias legales.
Según explicó Sánchez, el respaldo institucional está enfocado tanto en el acompañamiento a las investigaciones como en la protección personal del ministro de Justicia encargado, tras las denuncias divulgadas en medios de comunicación durante la jornada.
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Junta de Inteligencia Conjunta y medidas de seguridad
Como parte de las acciones adoptadas, el ministro de Defensa presidió una Junta de Inteligencia Conjunta, en la que se impartieron lineamientos claros y específicos para apoyar las investigaciones en curso y reforzar las medidas de seguridad alrededor del funcionario.
El encuentro permitió coordinar esfuerzos entre los distintos organismos del sector defensa, con el objetivo de prevenir riesgos, proteger la institucionalidad y facilitar el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados.
Sánchez informó además que se comunicó con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, poniendo a disposición de estas entidades toda la información y capacidades institucionales necesarias.
Esta articulación busca garantizar que las investigaciones avancen con transparencia, objetividad y celeridad, bajo la supervisión de los organismos de control del Estado.
El ministro fue enfático en precisar que los organismos de inteligencia y contrainteligencia del país actúan estrictamente bajo el marco legal vigente, en especial la Ley Estatutaria 1621 de 2013, el Decreto 1070 de 2015 y la Sentencia C-540 de 2015.
Asimismo, aclaró que estas entidades no tienen autorización legal para interceptar comunicaciones, facultad que corresponde exclusivamente a las autoridades con función de Policía Judicial, previa orden judicial.
Finalmente, Sánchez expresó su confianza plena en las instituciones del Estado y en que la verdad será establecida con prontitud. Ante cualquier información relacionada con los hechos, las autoridades recordaron que están habilitadas, con absoluta reserva, las líneas 107 y 157.
