La Contraloría General de la República alertó sobre la firma de 6.292 contratos por un valor superior a $2 billones en sectores no exceptuados, luego de la entrada en vigor de la ley de garantías el pasado 31 de enero. Esta norma restringe la contratación directa por parte de entidades estatales hasta que finalice el proceso electoral.
Según el informe del ente de control, los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos concentran la mayor cantidad de contratos reportados durante el periodo analizado.
Uno de los puntos que más llamó la atención del organismo es que más de $31.000 millones corresponden a contratos directos asociados a eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas o logística, rubros que podrían tener incidencia en el ambiente electoral.
“En este escenario, la Contraloría General de la República no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto. Su función es verificar que los recursos públicos no sean desviados hacia finalidades distintas a las previstas en la ley”, afirmó el contralor Carlos Hernán Rodríguez.
El reporte detalla que, incluso antes de que comenzara a regir la ley de garantías, se evidenció un volumen significativo de contratación directa con fines similares. Entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026 se identificaron 17.841 contratos directos por un valor superior a $1,68 billones relacionados con eventos, publicidad, conciertos y logística.
Posteriormente, ya con la ley de garantías en vigencia, se identificaron 368 contratos directos por $31.959 millones entre el 31 de enero y el 27 de febrero de este año, también vinculados a actividades como eventos y publicidad.
En total, la Contraloría analizó 25.685 contratos que suman $2,8 billones. De ese universo, la mayoría no se encontraba dentro de las excepciones contempladas por la normativa electoral.
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La ley de garantías establece restricciones a la contratación directa para evitar que los recursos públicos sean utilizados con fines políticos durante la campaña. Sin embargo, contempla excepciones específicas en sectores como salud, defensa y seguridad, así como en contratos relacionados con situaciones de emergencia, desastre, urgencia manifiesta o crédito.
El informe del ente de control busca advertir sobre posibles riesgos en la destinación del gasto público en plena temporada electoral. La Contraloría señaló que continuará ejerciendo vigilancia preventiva y fiscal para garantizar que los recursos se ejecuten conforme a la ley y dentro de los límites establecidos.
El reporte se conoce en un contexto de alta sensibilidad política, en el que el manejo de la contratación pública se convierte en un tema central del debate electoral.
