El secuestro en Colombia registró un aumento del 98 % en lo corrido de 2025, de acuerdo con el más reciente informe Dateo Mensual de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Entre enero y septiembre se contabilizaron 405 casos, frente a los 209 reportados durante todo 2024, lo que refleja un repunte sostenido en los delitos asociados al conflicto armado.
El informe sitúa este incremento dentro de un panorama más amplio de deterioro de la seguridad y la situación humanitaria, con afectaciones tanto para las comunidades rurales como para la Fuerza Pública.
Violencia en expansión y efectos territoriales
Según el análisis, los delitos relacionados con el conflicto armado mantienen una tendencia ascendente. Los secuestros, confinamientos y ataques a bienes civiles se concentran principalmente en zonas donde el control estatal es débil y persisten disputas entre grupos armados ilegales.
En 2024 se registraron 134.607 víctimas de desplazamiento forzado, mientras que con corte a septiembre de 2025 ya se contabilizan 107.882, lo que anticipa que el cierre del año podría superar los registros anteriores. El documento también advierte un incremento del confinamiento de comunidades étnicas y rurales: en 2024 fueron 138.033 personas y en 2025 la cifra ya asciende a 119.205, equivalente a un aumento del 16,7 %.
Estos datos, según la FIP, evidencian que la violencia sigue concentrándose en los mismos territorios históricamente afectados por el conflicto, donde la población civil continúa siendo la principal víctima de los enfrentamientos y las economías ilegales.
Ataques a la misión médica y a la infraestructura civil
El informe reporta un incremento del 55 % en los ataques a la misión médica, al pasar de 28 casos en 2024 a 31 en lo corrido de 2025.
A su vez, los ataques contra infraestructura y bienes civiles aumentaron más del 100 %, con 155 incidentes registrados este año frente a 109 el año anterior.
La violencia también golpea directamente a la Fuerza Pública, que ha sufrido 245 ataques en 2025, un aumento del 85,6 % frente a los 185 casos de 2024. Además, la FIP documenta 90 enfrentamientos entre grupos armados ilegales en lo corrido del año, lo que evidencia una escalada sostenida de la confrontación.
Mayor acción estatal, pero sin contención efectiva
El estudio también señala que las operaciones de la Fuerza Pública se intensificaron: entre enero y septiembre de 2025 se realizaron 185 acciones ofensivas, superando el total del año anterior y registrando un aumento del 56,8 %.
Pese a ello, la FIP advierte que las respuestas institucionales no han logrado contener la expansión de la violencia, especialmente en departamentos donde la presencia estatal es limitada y la gobernanza local se ve afectada por el control armado.
El informe sugiere que el fortalecimiento de la seguridad requiere una estrategia combinada de control territorial, inversión social y articulación con las comunidades locales, más allá de las operaciones de carácter militar.
El informe concluye que, mientras las comunidades sigan confinadas y los secuestros en aumento, la paz seguirá siendo una meta pendiente más que una realidad territorial.
