Un juez de ejecución de penas le negó a Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como ‘EpaColombia’, la solicitud de extinción de su pena de 5 años y 2 meses de prisión, trámite que había presentado con base en la Ley 2477 de 2025, normativa que fortaleció el enfoque de justicia restaurativa en el país.
Con esta decisión, la empresaria deberá continuar privada de la libertad, cumpliendo la condena que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2025, luego de ser hallada responsable por los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.
Juez rechazó incluso estudiar la solicitud
De acuerdo con lo conocido, el juez no solo negó la extinción de la pena, sino que rechazó estudiar de fondo la petición, lo que cierra, por ahora, esta nueva vía legal intentada por la defensa de Barrera.
La solicitud se sustentaba en la Ley 2477 de 2025, que introdujo reformas para descongestionar los despachos judiciales, agilizar procesos y promover mecanismos de justicia restaurativa. No obstante, el despacho judicial consideró que el caso de ‘Epa Colombia’ no cumplía los requisitos para acceder a ese beneficio.
Un nuevo revés judicial
Este fallo representa otro fracaso en los múltiples intentos legales que ha promovido Epa Colombia para recuperar su libertad. En el pasado, la empresaria ha presentado tutelas y otros recursos, algunos de ellos argumentando su condición de madre de una menor de edad, sin que hasta ahora haya obtenido resultados favorables.
Pese a este nuevo revés, su defensa no se da por vencida. Recientemente, los abogados de Barrera solicitaron a la Corte Constitucional revisar una tutela en la que cuestionan la legalidad de la condena, específicamente por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, uno de los puntos más controvertidos del proceso.
El caso que marcó su condena
Los hechos por los que fue condenada la bogotana ocurrieron en noviembre de 2019, en medio del estallido social. En ese contexto, ella grabó y difundió en redes sociales un video en el que aparece vandalizando con un martillo las puertas y registradoras de la estación Molinos de TransMilenio, al sur de Bogotá.
El material audiovisual se viralizó rápidamente y se convirtió en una de las pruebas centrales del proceso judicial que, años después, derivó en su condena y reclusión.
