Una publicación del caricaturista y candidato al Senado Julio César González, conocido como “Matador”, detonó un nuevo choque entre campañas y partidos en plena antesala electoral. El Centro Democrático anunció que llevará el caso al Consejo Nacional Electoral (CNE), al considerar que el mensaje constituye violencia política contra una mujer y debe tener consecuencias institucionales.
El comentario que encendió la discusión
El episodio empezó en redes sociales. En X, “Matador” difundió un mensaje dirigido a Paloma Valencia, senadora y aspirante presidencial del Centro Democrático, con un juego de palabras que, según la publicación, aludía a que Valencia no “dirige” al país sino que lo “digiere”, acompañado de imágenes que fueron interpretadas por críticos como una burla a su apariencia física.
En otras piezas que circularon durante la misma controversia, se compartieron comparaciones y frases que también fueron leídas como ataques personales, más que como crítica a su agenda o posiciones políticas. Una de las reacciones más visibles vino de figuras que insistieron en que el debate público debe concentrarse en ideas y decisiones, no en el cuerpo de las mujeres que participan en política.
La “metida” del Centro Democrático: denuncia formal ante el CNE
Tras el ruido en redes, el Centro Democrático anunció que radicará una denuncia ante el CNE contra “Matador” y contra el Pacto Histórico, partido que lo avala como candidato al Senado. El anuncio lo hizo el director de la colectividad, Gabriel Vallejo, quien afirmó que el caso debe tramitarse bajo la Ley 2453 de 2025.
La estrategia del Centro Democrático tiene dos carriles. El primero es el electoral: activar el mecanismo ante la autoridad que supervisa a organizaciones políticas y campañas. El segundo es el partidista: presionar al Pacto Histórico para que adopte decisiones internas frente a su candidato, bajo el argumento de que las colectividades también tienen deberes de prevención y sanción.
Qué dice la Ley 2453 y por qué el caso llega al CNE
La Ley 2453 de 2025 define la violencia contra las mujeres en política como acciones u omisiones basadas en género que busquen o produzcan efectos como menoscarbar, restringir o anular sus derechos políticos. Y establece que puede incluir violencia verbal, digital y simbólica, entre otras formas.
En ese marco, la norma asigna un rol explícito al CNE durante procesos y campañas: promover medidas de prevención, instar a los partidos a prevenir, investigar y sancionar estas conductas, y vigilar el cumplimiento de protocolos internos; incluso contempla la posibilidad de multas a organizaciones políticas que omitan o dilaten investigaciones cuando sea de su competencia.
