Un documento filtrado y una fotografía captada en el despacho presidencial de Donald Trump en la Casa Blanca han desatado una nueva ola de tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.
La investigación de la revista Cambio revela un expediente con el sello del senador Bernie Moreno, que describe lo que se ha denominado la “Doctrina Trump”, supuestamente una hoja de ruta en cinco pasos contra el presidente colombiano Gustavo Petro.
El documento, titulado “The Trump Doctrine for Colombia and the western hemisphere”, señala que el Gobierno colombiano habría sido “tomado” por Petro, al que se le atribuyen vínculos con los cárteles de la droga, y propone una serie de acciones para revertir esa situación.
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Según el texto divulgado, los cinco pasos incluyen:
- Declarar ciertos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
- Apoyar a líderes pro-estadounidenses en América Latina.
- Imponer sanciones selectivas contra Petro, su familia y colaboradores.
- Combatir acciones corruptas y “antiestadounidenses”.
- Investigar exhaustivamente el financiamiento internacional de campañas políticas en Colombia, incluyendo la de Petro.
¿Qué tan sustentada está esta estrategia?
Aunque la carpeta y la fotografía circulan públicamente, la “Doctrina Trump” no ha sido oficialmente reconocida por la Casa Blanca, por lo que su carácter sigue siendo presuntivo. El episodio ocurre en un contexto de enfrentamiento diplomático más amplio: el 19 de octubre de 2025, Trump calificó a Petro como “líder del narcotráfico” y advirtió aranceles contra Colombia.
La tipología del documento recuerda políticas previas de “mano dura” en la región, donde Estados Unidos ha combinado sanciones, presión diplomática y alianzas estratégicas para redefinir relaciones bilaterales.
Lectura institucional de la situación
El uso del término “Doctrina Trump” indica un ajuste en la forma como EE.UU. maneja sus relaciones con Latinoamérica: menos diplomacia tradicional y más estrategias de contingencia y sanción explícita. Para Colombia, la filtración representa un reto de soberanía y de coherencia frente a sus alianzas internacionales.
En ese marco, la falta de confirmación oficial del plan no evita que sus efectos —reputacionales, diplomáticos y económicos— ya estén en curso. Si bien puede tratarse de una estrategia en construcción o filtración parcial, la percepción de que existe una hoja de ruta contra un jefe de Estado aliado alterará el comportamiento de otros actores de la región: partidos, sistemas judiciales, empresas y gobiernos.
