El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó el 18 de agosto de 2026 ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría el denominado Libro de la Verdad, un documento de 135 páginas elaborado durante el proceso de empalme con la participación de cerca de 1.300 personas.
El informe reúne 82 casos relacionados con posibles irregularidades, riesgos fiscales y problemas administrativos durante el Gobierno de Gustavo Petro. Entre ellos, diez fueron destacados por su impacto sobre la gestión y los recursos públicos.
Es importante precisar que estos señalamientos no constituyen condenas ni prueban por sí solos hechos de corrupción. Las autoridades deberán establecer si existen responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.
Estos son los 10 casos que el Gobierno de Abelardo De La Espriella destacó en el Libro de la Verdad por posibles irregularidades, riesgos fiscales y cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos durante la administración de Gustavo Petro.
1. UNGRD y los recursos bajo cuestionamiento
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aparece como uno de los principales casos.
Según el informe, la entidad habría ejecutado apenas el 4,3 % de $15,3 billones analizados durante cuatro años. También se mencionan $240.766 millones pendientes de reintegro, giros por $856.000 millones sin declaratoria de urgencia manifiesta y dificultades para establecer la trazabilidad de cerca de $1,38 billones.
El Gobierno entrante cuestiona la ejecución y seguimiento de los recursos de una entidad clave para atender emergencias en el país.
2. La Guajira y contratos por $1,78 billones
El segundo caso está relacionado con la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que busca proteger los derechos de niños y niñas wayúu en La Guajira.
Según el Libro de la Verdad, entre 2022 y julio de 2026 fueron suscritos 1.085 contratos por aproximadamente $1,78 billones.
El cuestionamiento está en determinar qué resultados concretos dejaron esos recursos frente al acceso al agua, alimentación y salud de las comunidades beneficiarias.
3. Las llamadas nóminas paralelas
El documento también cuestiona el uso de contratos de prestación de servicios en el Estado.
De La Espriella aseguró que se habría llegado a una denominada nómina paralela cercana a los 900.000 contratistas, con un posible pasivo contingente superior a $5 billones.
Además, antes de las restricciones de la Ley de Garantías, entidades del orden nacional registraron 164.813 contratos por $14,87 billones.
El número de contratos, sin embargo, no demuestra por sí mismo una irregularidad. Las autoridades deberán establecer si contratistas fueron utilizados para cumplir funciones que correspondían a cargos permanentes.
4. Alertas sobre la capacidad de las Fuerzas Militares
Uno de los datos destacados señala que de 19 helicópteros MI-17 del Ejército solamente ocho estarían operativos.
La alerta resulta relevante porque estas aeronaves son fundamentales para transportar tropas, evacuar heridos y movilizar suministros en zonas de difícil acceso.
El Gobierno De La Espriella sostiene que estas limitaciones afectaron la capacidad de respuesta mientras los grupos armados ilegales ampliaban su presencia territorial.
5. Colombia Mayor y los recursos para 2026
Otro de los puntos involucra a Colombia Mayor, programa que atiende a cerca de tres millones de adultos mayores.
El Libro de la Verdad sostiene que el presupuesto disponible se agotó en julio y que quedaron pendientes cinco ciclos entre agosto y diciembre.
Cada pago tendría un costo aproximado de $630.000 millones, por lo que serían necesarios cerca de $3,15 billones para completar el año.
La administración Petro, sin embargo, había asegurado antes de terminar su mandato que los recursos estaban garantizados mediante diferentes fuentes de financiación.
Por ello, deberá establecerse qué recursos estaban efectivamente disponibles y cuáles dependían de transferencias adicionales.
6. FonIgualdad y contratos por $140.910 millones
El sexto caso involucra al Ministerio de Igualdad y FonIgualdad.
El informe destaca cinco contratos con Laborando S.A.S. por $140.910 millones, destinados al suministro de miles de trabajadores.
La Contraloría había advertido que no encontró suficientes resultados verificables que demostraran que esa contratación estuviera contribuyendo al objetivo de cerrar brechas sociales, económicas y territoriales.
Los organismos de control deberán determinar si existió una afectación al patrimonio público.
7. Reforma agraria y tierras sin registro pleno
La reforma agraria, una de las principales apuestas del Gobierno Petro, también aparece cuestionada.
Según el nuevo Gobierno, fueron reportadas aproximadamente 351.463 hectáreas entregadas, pero alrededor de 98.148 tendrían registro pleno.
El cuestionamiento está en establecer cuántas tierras fueron efectivamente entregadas a campesinos con títulos jurídicamente formalizados.
El Gobierno Petro presentó balances más amplios que incluían adquisición, entrega y formalización de tierras, por lo que las cifras deberán analizarse teniendo en cuenta qué mide cada indicador.
8. Air-e y las pérdidas acumuladas
Según el Libro de la Verdad, Air-e pasó de registrar un patrimonio positivo de $2,22 billones en 2023 a uno negativo de aproximadamente $377.662 millones en 2025.
La compañía también habría acumulado pérdidas cercanas a $2,59 billones.
El informe pone bajo revisión, además, créditos otorgados por Findeter por alrededor de $328.000 millones, especialmente frente a las garantías y análisis de riesgo utilizados para respaldar esos recursos.
La preocupación está en determinar cuánto dinero público podría estar expuesto y qué posibilidades existen de recuperarlo.
9. FOMAG y los hallazgos por recursos de los maestros
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio también está incluido.
El Libro de la Verdad señala 61 hallazgos de la Contraloría, algunos con posible incidencia fiscal, por valores que superarían los $548.000 millones.
A los cuestionamientos sobre los recursos se suman retrasos en el reconocimiento y pago de pensiones y otras prestaciones para docentes.
Las investigaciones deberán determinar quiénes serían responsables de las eventuales irregularidades.
10. Deuda pública y situación fiscal
El último caso está relacionado con el manejo de la deuda pública y la emisión de Títulos de Tesorería, TES.
El informe cuestiona modificaciones que permitieron adjudicaciones adicionales de hasta el 100 % del monto inicialmente convocado bajo determinadas condiciones.
Durante la presentación del documento, De La Espriella aseguró que recibió un déficit fiscal equivalente al 7,8 % del PIB, una deuda cercana al 61 % del PIB y que para el 7 de agosto ya se había utilizado el 97 % de la capacidad de endeudamiento prevista para 2026.
Estas cifras deberán contrastarse con las metodologías y proyecciones fiscales del Ministerio de Hacienda. En este caso, el cuestionamiento también involucra decisiones de política económica que no necesariamente implican una conducta ilegal.
¿Qué sigue con el Libro de la Verdad?
El documento quedó en manos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, organismos que deberán establecer cuáles de los 82 casos ameritan investigaciones y si existen responsabilidades individuales.
Los diez puntos destacados abarcan contratación, programas sociales, tierras, seguridad, energía, prestaciones de los maestros y finanzas públicas.
Por ahora, deben entenderse como denuncias, cuestionamientos y alertas sobre posibles riesgos fiscales, y no como actos de corrupción ya comprobados.
