Las universidades públicas en Colombia están al borde del colapso financiero. Lo que hasta hace poco eran murmullos entre rectores y administrativos, hoy son cifras que no pueden ocultarse: el pasivo pensional acumulado de instituciones como la Universidad Nacional, la de Antioquia, la del Valle y la Industrial de Santander supera los 8 billones de pesos, una cifra que amenaza su sostenibilidad y golpea directamente la calidad de la educación pública.
A eso se suma una millonaria deuda del gobierno con el programa Matrícula Cero, que buscaba garantizar el acceso gratuito a la educación superior, pero que hoy se convierte en un peso muerto para las universidades. Lo que fue vendido como bandera de inclusión está asfixiando las arcas de las instituciones que lo ejecutan.
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Un modelo en crisis estructural
No es solo un tema de pagos atrasados. El problema es mucho más profundo: rezagos en infraestructura, falta de recursos para innovación científica, déficit en apoyo a estudiantes, y una estructura presupuestal que deja a las universidades a merced de coyunturas políticas y decisiones de corto plazo.
El golpe también alcanza a proyectos regionales como la Universidad de la Paz y afecta la cadena educativa con barreras de acceso al crédito, como lo reflejan las quejas permanentes frente al Icetex. Todo apunta a un sistema que lleva años debilitándose mientras el discurso oficial habla de progreso.
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¿Qué está en juego?
Si las universidades públicas caen, no solo pierde el Estado: pierden los más de 700 mil estudiantes que confían su formación a estas instituciones, pierden las regiones que dependen de su impacto social y económico, y pierde un país que dice querer ser más competitivo, más innovador, más justo.
El gobierno insiste en que la educación es prioridad, pero las cuentas no mienten. La pregunta ya no es si estamos frente a una crisis, sino:
¿A quién le importa salvar la educación pública en Colombia?
