La Contraloría General de la República ha requerido oficialmente información a tres entidades del Estado por posibles irregularidades administrativas en contratos recientes. Aunque no se ha emitido un juicio definitivo, los casos están bajo observación por presuntas inconsistencias que podrían comprometer el buen uso de los recursos públicos.
Armada: contratos firmados entre 2020 y 2025, en la mira
El primer requerimiento fue dirigido a la Armada. La Contraloría solicitó información sobre 10 contratos suscritos entre 2020 y 2025, relacionados con servicios logísticos y de mantenimiento. Según el organismo de control, se presume que algunos de estos contratos fueron firmados por funcionarios sin competencia legal y que se habrían realizado pagos sin el soporte correspondiente. El caso aún está en fase de verificación documental y administrativa.
Policía: uso de aeronave oficial para fines no misionales
A la Policía Nacional se le pidió rendir cuentas sobre el uso de una aeronave oficial en actividades que no estarían relacionadas con sus funciones misionales. De confirmarse, podría configurarse una posible desviación de recursos públicos, pero por ahora, el caso se encuentra en etapa de recolección de pruebas y revisión de los protocolos institucionales.
MinInterior: contrato por $88.000 millones con RTVC bajo revisión
Finalmente, el Ministerio del Interior deberá responder por un contrato firmado con RTVC por $88.000 millones de pesos. Aunque no se conocen aún los detalles completos del convenio, la Contraloría ha solicitado información para determinar si el objeto del contrato, su ejecución y justificación financiera se ajustan a la normatividad vigente. Este será uno de los contratos con mayor escrutinio, debido al alto monto involucrado y al rol estratégico de RTVC como medio público.
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Más que acusaciones, alertas de control
Es importante subrayar que los tres casos se encuentran en fase preliminar de análisis y no suponen aún sanciones ni responsabilidades individuales. Sin embargo, el hecho de que la Contraloría haya activado estos requerimientos deja claro que el control fiscal sigue activo, y que incluso las entidades más estratégicas del país deben responder cuando surgen dudas sobre la legalidad o la transparencia de sus actuaciones.
