El juicio más simbólico de la política colombiana acaba de dar un giro que pocos anticipaban.
Lo que comenzó como un proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, ahora apunta también hacia su principal contradictor: el senador Iván Cepeda.
En la jornada número 43 del juicio, celebrada el 20 de mayo, la defensa de Uribe presentó tres testigos clave. El más explosivo: Óscar Monsalve, padre del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo central del caso. Su declaración bajo juramento encendió las alarmas.
-
Lea también: Comunidad Emberá: el retorno pendiente
Monsalve afirmó que el senador Cepeda les ofreció asilo político en Argentina y pagos mensuales por 1.200.000 pesos durante tres meses, a cambio de declarar contra Álvaro Uribe y su hermano Santiago. También aseguró que Cepeda les preguntó por actividades ilegales en la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, sugiriendo que se intentaba construir un relato inculpatorio desde cero.
La declaración no es menor. Pone en entredicho a quien ha liderado desde hace años la acusación contra Uribe y fortalece la tesis de la defensa: que hubo un intento sistemático, desde sectores políticos, de fabricar testimonios para vincular al expresidente con el paramilitarismo.
A esto se suman los testimonios técnicos de dos peritos presentados también ese día por la defensa:
• Carlos Fernando Salazar, auditor forense, expuso información extraída del celular del excongresista Álvaro Hernán Prada, buscando demostrar que no hubo ofrecimientos indebidos a testigos.
• Óscar Valero Loaiza, perito en análisis de comunicaciones, presentó su análisis de los chats entre Prada y alias “Caliche”, afirmando que no había evidencia de promesas o beneficios a cambio de declaraciones.
Con estos testimonios, la narrativa se empieza a invertir.
Los reflectores que apuntaban a Uribe ahora también iluminan a quienes lo han acusado durante años. La línea entre víctima y victimario se difumina. La política se cuela en el juicio. Y la verdad, como siempre, parece estar en disputa.
La defensa de Uribe, liderada por Jaime Granados, ha llamado a 25 testigos hasta ahora y busca cerrar la etapa probatoria antes del 30 de junio, para evitar que los delitos prescriban en octubre. La jueza Sandra Heredia ya advirtió que no permitirá más dilaciones. El tiempo corre.
⸻
Este ha sido un juicio público, expuesto ante el país, donde cada quien ha podido observar y sacar sus propias conclusiones. Un proceso en el que se ha acusado al expresidente Álvaro Uribe, pero que también ha revelado algo más profundo: cómo la búsqueda de justicia puede convertirse en una lucha por el poder disfrazada de verdad.
Lo que se ha visto es una narrativa construida, presiones disfrazadas de causas nobles y testigos que hoy desmienten los relatos que los impulsaron. Más que justicia, lo que ha quedado expuesto es una disputa política donde la verdad ha sido moldeada para servir a ciertos intereses.
Y mientras el país se polariza, los discursos se radicalizan y los bandos se aferran a sus versiones, las víctimas —como siempre— quedan en el olvido.
Porque en este juicio, como en tantos otros, lo más difícil no es juzgar.
Lo más difícil es encontrar la verdad.
