Colombia amaneció con un hecho inédito: el Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña Petro Presidente por exceder topes, omisiones y supuestas irregularidades en su financiación. Un fallo que marca un antes y un después.
Pero también revive un capítulo que el país nunca cerró: Odebrecht, la empresa que supuestamente tocó campañas presidenciales, partidos, ministros y estructuras políticas sin dejar sanciones electorales equivalentes.
La comparación no es casual.
Es inevitable.
La sanción que sí llegó
El CNE determinó que la campaña del hoy presidente excedió, supuestamente, los topes por más de 5.000 millones de pesos, entre primera y segunda vuelta, además de registrar ingresos que no fueron reportados o que no cumplían requisitos formales.
Los sancionados incluyen al gerente Ricardo Roa, la tesorera Lucy Mogollón, la auditora María Lucy Soto y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Es, literalmente, la primera vez que una campaña presidencial en Colombia recibe una sanción de esta magnitud. El presidente, por su fuero, no fue sancionado. El expediente viajó a la Comisión de Acusaciones, ese territorio donde tantos procesos se diluyen sin final.
El mensaje institucional es claro: se produjo un fallo, se identificaron responsabilidades y hubo consecuencias formales.
Odebrecht: el escándalo que tocó campañas… pero no tocó sanciones
Y aquí es donde el país se devuelve en la memoria. Colombia vivió uno de los mayores escándalos de corrupción transnacional: Odebrecht, cuyos tentáculos supuestamente entraron a campañas presidenciales, estructuras partidistas, contratos estatales y decisiones de alto nivel.
El capítulo Santos
La justicia de Estados Unidos y Brasil mencionó que la multinacional supuestamente habría financiado actividades electorales en las campañas de 2010 y 2014, cuando Juan Manuel Santos era candidato.
En Colombia, esas líneas investigativas llegaron al CNE. Sin embargo:
• no hubo sanción al candidato,
• no hubo sanciones a los partidos,
• los expedientes terminaron archivados o caducados.
Mientras en el exterior se revelaban rutas de dinero y testimonios que hablaban de aportes clandestinos, en el país no se produjo ninguna decisión electoral de fondo.
El capítulo Zuluaga
El caso de Óscar Iván Zuluaga —también relacionado con supuestos aportes no reportados— tuvo el mismo destino: archivo.
El contraste imposible de ignorar
Hubo documentos, declaraciones y delaciones internacionales;
hubo ruido político y mediático;
hubo sospechas levantadas en medio continente.
Pero no hubo sanciones electorales.
En cambio, la campaña Petro sí recibió un fallo contundente aun sin un escándalo transnacional comparable.
Ese contraste es el que hoy abre un debate que incomoda a todos.
¿Cambio institucional o justicia a la carta?
La gran pregunta es si la decisión del CNE marca un avance institucional o si refleja la misma selectividad que históricamente ha acompañado a la justicia electoral en Colombia.
Porque si ahora se sanciona por supuestas irregularidades de 2022, ¿por qué no se sancionó por las supuestas irregularidades de 2010 y 2014, cuando Odebrecht estalló en todo el continente?
Si hoy se exige transparencia, ¿por qué no se exigió cuando el escándalo internacional tocaba a las más altas esferas del poder?
No se trata de absolver ni condenar a Petro, Santos o Zuluaga.
Se trata de algo más profundo: la coherencia y la credibilidad del Estado.
El país exige lo básico: reglas iguales para todos
Colombia no puede seguir atrapada entre sanciones tardías y silencios convenientes.
Si existen reglas, deben aplicarse sin excepción.
Si hay topes, deben cumplirse sin importar el candidato.
Si la institucionalidad quiere recuperar legitimidad, tendrá que dejar atrás la costumbre de actuar con una vara para unos y otra para otros.
Lo demás —las narrativas, los discursos y las excusas— ya se han desgastado demasiado.
