La Jueza 29 de Control de Garantías de Bogotá acogió los argumentos presentados por la Fiscalía y envió a la cárcel a Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, los dos policías señalados de asesinar al estudiante de derecho Javier Ordóñez el pasado miércoles 9 de septiembre en medio de un operativo realizado en la localidad de Engativá.
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, que se realizó este lunes 21 de septiembre de manera virtual, comenzó hacia las 2:10 de la tarde. Al principio, los defensores de los uniformados solicitaron que la diligencia fuera reservada porque, según dijeron, han recibido múltiples amenazas en las redes sociales por estar al frente de este caso.
Uno de los abogados alegó que esto "no es un circo" y que la audiencia no debía ser pública porque "se debe proteger la dignidad humana de los imputados".
Sin embargo, la juez constitucional decidió que la audiencia se iba a desarrollar de manera pública y le pidió a los abogados de los policías implicados en la muerte de Javier Ordóñez presentar las denuncias por las supuestas amenazas recibidas de manera formal.
Rodríguez Díaz y Lloreda Cubillos enfrentan cargos por homicidio agravado y tortura, los cuales no aceptaron. Por el momento, pidieron que su caso sea trasladado a la Justicia Penal Militar y será el Consejo Superior de la Judicatura quien resolverá el conflicto de competencias.
Los argumentos
La funcionaria judicial hizo un recuento de los hechos ocurridos en la localidad de Engativá en la madrugada de ese miércoles 9 de septiembre. Detalló el momento en el que Javier Ordóñez recibió varias descargas eléctricas con un taser, fue trasladado hacia el CAI de Villa Luz, recibió varios golpes y luego falleció en la Clínica Santa María del Lago.
Mencionó que en la inspección técnica al cadáver y en el informe de Medicina Legal se reveló que el hombre de 44 años sufrió de varias lesiones en la piel, abrasiones, laceraciones, hematomas y otros signos de violencia en partes como la cara, el hombro, el tórax y las costillas.
Aseguró que la necropsia arrojó que Javier Ordóñez sufrió de un "estallido del riñón derecho" y una hemorragia interna que acabó con su vida. Y además, indicó que el profesional forense calificó la muerte como violenta-homicidio y que las lesiones internas y externas le causaron al sujeto intenso dolor.
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Tras hacer el análisis de los argumentos presentados por el representante de la víctima, la Fiscalía, el Ministerio Público la jueza determinó que sí se cumplen los requisitos legales para privar de la libertad a los dos policías involucrados en este caso: peligro para la comunidad, obstrucción a la justicia y comparecencia al proceso.
La funcionaria judicial estableció que, mientras se avanza con la investigación, Rodríguez Díaz y Lloreda Cubillos deberán estar privados de la libertad en una cárcel para policías ubicada en el municipio de Facatativá.
El representante de la víctima y el Ministerio Público no presentaron ningún recurso. La Fiscalía, por su parte, estuvo de acuerdo con la imposición de una medida de aseguramiento pero rechazó el lugar de reclusión elegido, pues alegó que los dos patrulleros deben estar en la cárcel La Picota de Bogotá.
El apoderado de Harby Damián Rodríguez Díaz apeló a la decisión y solicitó al juez de segunda instancia que su prohijado sea enviado a detención domiciliaria mientras se avanza con el proceso porque "es padre de familia" y porque se deben "garantizar sus derechos".
Duros cuestionamientos
En su intervención, la jueza de control de garantías realizó duros cuestionamientos respecto el actuar de los dos policías en medio del operativo que se realizó esa madrugada del 9 de septiembre.
Según dijo, hubo un "desborde del poder" de los servidores de la Policía y que, conforme a las pruebas presentadas hasta el momento, se puede decir que violaron el debido proceso.
"¿Era necesaria tanta violencia? Estos agentes del Estado utilizaron todo su poder pero no para proteger a la comunidad. Ese no es el debido proceso. En Colombia está prohibidas las penas de muerte, la tortura y los tratos crueles e inhumanos, pues Javier Ordóñez estaba tirado en el piso, esposado de manos y pies, en posición fetal", mencionó.
La funcionaria judicial manifestó que los patrulleros "irrespetaron a la institución y la hicieron quedar mal" y que con sus acciones hicieron que Bogotá "se incendiara" el pasado 9 y 10 de septiembre.
"Se ha generado tanto daño al rededor de estos hechos que las consecuencias no solo la están viviendo las víctimas. Se ha visto una reacción de una ciudad que no está bien. Su comportamiento generó tanta inconformidad que se quemaron buses, 14 personas murieron y hubo mucho daño por unas manifestaciones que se armaron en reproche de este presunto comportamiento en este operativo que no respetó el debito proceso ni los derechos humanos", expresó.
Aquí puede revivir la audiencia:
