En las últimas horas, el Juzgado Promiscuo Municipal de La Unión (Antioquia) dictó medida de aseguramiento de carácter domiciliario en contra de la secretaria de Salud y Bienestar Social del municipio de Abejorral, Alba Nury Bedoya Arango, señalada de ser presunta responsable de peculado por apropiación, tentativa de peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público e interés indebido en la celebración de contratos en medio de la emergencia sanitaria que afronta el país por cuenta del Covid-19.
Junto a Bedoya Arango, quien es enfermera de la Universidad de Antioquia y especialista en salud pública de la Universidad de Manizales, fueron relacionados otros dos funcionarios: Juan Guillermo Gutiérrez Cortés, Secretario de Gobierno, y Aldemar Andrés Tabárez Arenas, jefe de la Oficina Jurídica del municipio.
Según comunicó la Fiscalía General de la Nación, se evidenciaron posibles irregularidades en la celebración de un contrato a través del cual se iban a suministrar víveres y otros elementos de aseo y bioseguridad a la población en condición de vulnerabilidad económica.
De este modo se estableció que el contrato, firmado el 27 de marzo por más de 267 millones de pesos, tendría un detrimento patrimonial superior a los 19 millones, por lo que se procedió con su suspensión y se evitó así que se perdieran otros 61 millones de pesos.
"Ninguno de los tres procesados se allanó a los cargos imputados", concluyó el ente investigador.
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Estas acciones que se adelantan en Antioquia y en otras zonas del país para combatir la corrupción en tiempos de pandemia, han dejado como resultado varias investigaciones y capturas, como por ejemplo, la reciente detención de varios funcionarios del municipio La Victoria (Valle del Cauca), entre ellos su alcalde Mario Alejandro Reyes.
