La organización Comisión Internacional de Juristas (CIJ) lanzó el informe “Colombia: Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales. Estudio de línea de base, Agosto de 2020”, en el que expone algunos de los desafíos más delicados que tiene el sistema de justicia del país suramericano para garantizar los derechos de las víctimas de ambos crímenes.
Al referirse a la desaparición forzada, la CIJ indicó que el país tiene múltiples normas e instituciones que abordan esa problemática sin una clara coordinación, lo que se traduce en que sea más difícil determinar las responsabilidades de cada entidad, al interior del Estado, frente al fenómeno.
Rocío Quintero Martínez, asesora legal de la CIJ para América Latina, explicó que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), creada en el acuerdo de paz de noviembre de 2016, es la llamada a liderar las tareas relacionadas a la desaparición forzada.
“La UBPD está dedicada exclusivamente a buscar a las personas desaparecidas. Si bien no puede asumir toda la carga, es importante que las otras entidades reconozcan el liderazgo de esta organización y que permiten que haya una estrategia unificada de búsqueda”, mencionó Quintero a la Agencia Anadolu.
Para la CIJ, la división de tareas y falta de centralidad para la búsqueda de personas en Colombia han generado inconsistencias que se notan, por ejemplo, en la definición de personas que son consideradas víctimas y en las cifras de desaparecidos.
“Esto facilita que se creen situaciones asimétricas entre las víctimas, al permitir que no reciban el mismo trato por parte de las autoridades, a pesar de encontrarse en circunstancias similares”, describe la ONG.
La CIJ recomienda, además, que se amplíen los recursos desde el Estado para las labores de búsqueda de las personas e indicó que al menos 25 mil cadáveres se encuentran en cementerios sin identificar.
Los hallazgos en cuanto a las ejecuciones extrajudiciales
Al analizar los crímenes de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, la CIJ pide que en el país se investiguen todos los casos y no solamente los sucedidos bajo el Gobierno de Álvaro Uribe, que fueron denominados como ‘falsos positivos’.
“Es necesario que exista un mejor entendimiento del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales y se reconozca que se deben investigar y judicializar todos los casos, no solo los que caen en la categoría de la presentación de civiles como miembros de grupos ilegales muertos en combate”, menciona el informe.
La CIJ expresa, además, la posibilidad de que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales perciban impunidad en las investigaciones en curso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fue el tribunal surgido del acuerdo de 2016.
Quintero le explicó a la Agencia Anadolu que esta afirmación se explica en que hay varios casos de ejecuciones extrajudiciales que están pasando a la JEP en los que el presunto victimario queda libre antes de un juicio, en medio de la investigación, como parte de los beneficios que se otorgan a cambio de que se revele la verdad.
“Queremos hacer un llamado de atención a la JEP y decirle que, si no se hacen las cosas bien, el modelo del sistema podría causar que las víctimas perciban que lo que allí sucede es impunidad. Es importante que la Jurisdicción haga un control de las personas que están en libertad y que efectivamente se garantice que los investigados van a colaborar con los derechos de las víctimas”, enfatizó la asesora.
El informe de la CIJ también menciona que el acceso a procesos penales y la participación en las investigaciones es una de las necesidades que tienen en Colombia las víctimas, tanto de ejecuciones extrajudiciales como de desaparición forzada, para que se garanticen sus derechos.
Para la Comisión, además, la existencia de tres regímenes de atribución de responsabilidad penal, uno ordinario y los transicionales de Justicia y Paz (creado por ley en 2005 ante la desmovilización de grupos paramilitares) y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (derivado del acuerdo de paz de 2016) no debe convertirse en un obstáculo para que las víctimas puedan acceder a un recurso efectivo de justicia.
Quintero Martínez explicó que, con el informe, la CIJ pretendió exponer el panorama del marco jurídico para tratar ambos delitos, que se consideran como parte del conflicto colombiano desde sus orígenes.
A modo de conclusión la asesora, quien además es la redactora del informe, considera que Colombia tiene un buen marco jurídico que en teoría es suficiente para proteger a las víctimas, garantizar la reparación y que los responsables sean llevados ante la justicia, "aunque en la práctica eso no suceda”.
“Es importante no caer en el error de pensar que como existe una norma se le cumple a las víctimas, porque las normas son apenas el primer paso para garantizar los derechos”, expone la investigadora.
El informe de la CIJ reseña que la presentación de civiles como miembros de grupos ilegales muertos en combate se intensificó durante la década del 2000. Al respecto, según cifras de la Fiscalía General de la Nación, de 1988 a 2014 se presentaron al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales.
La ONG detalla, además, que la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calculó 5 mil potenciales víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante el período de 2002 a 2010.
Al cuantificar la cifra de desapariciones forzadas la ONG menciona que, a pesar del subregistro, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) tiene información de al menos 82.998 casos.
La cifra de víctimas es mayor a la que calcula el CNMH, según una reciente carta firmada por 217 familiares de desaparecidos en la que se expone que durante el conflicto colombiano alrededor de 120 mil personas sufrieron ese crimen que, por desgracia, sigue presente en el país.
De hecho, los 217 familiares afirmaron en su carta que en 2019 se registraron 93 nuevas desapariciones en Colombia y que desde la firma del Acuerdo de Paz cada cuatro días se ha documentado un nuevo caso relacionado con el conflicto y la violencia armada, según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
