KienyKe.com pudo confirmar que para las 8:00 de la mañana del próximo jueves 24 de junio se realizará la audiencia de solicitud de preclusión de la investigación que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos.
Esta nueva fecha se fijó luego de que la jueza 28 penal del circuito negara la solicitud elevada por el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre, el ex vicefiscal Jorge Perdomo y el abogado Miguel Ángel Del Río para que se aplazara la diligencia hasta que se resuelva la tutela que interpuso Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, con el fin de ser reconocida como víctima dentro de este proceso luego de que el Tribunal Superior de Bogotá le quitara esta acreditación que le había sido concedida en primera instancia.
La idea es que, ese 24 de junio, el fiscal Gabriel Jaimes exponga el porqué considera que la investigación que cursa en contra del exmandatario por la supuesta comisión de los delitos de soborno y fraude procesal debe precluir bajo estas dos causales: atipicidad del hecho investigado y ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.
El delegado de la Fiscalía solicitó esta figura jurídica alegando que, para el ente investigador, no existen suficientes elementos materiales probatorios que demuestren que el Uribe Vélez sí cometió estos delitos que, anteriormente, la Corte Suprema de Justicia le atribuyó.
El abogado Juan Camilo Sanclemente explicó en diálogo con KienyKe.com que, una vez el fiscal Gabriel Jaimes termine de sustentar los motivos de la solicitud de preclusión, intervendrán las partes -defensa del expresidente, víctimas, Ministerio Público- para expresar su postura y, al final de cuentas, será la jueza quien tomará cartas en el asunto y decidirá a quién le da la razón.
“En cualquiera de los dos escenarios vienen los recursos de ley. Es decir, alguna de las partes podrá apelar la decisión y le corresponderá al superior jerárquico decidir, que en este caso es el Tribunal Superior de Bogotá”, dijo.
Y agregó: “Si aceptan la preclusión el proceso llegará hasta ahí y, si no, la Fiscalía podrá reunir nuevos elementos para volverla a solicitar esta figura”.
Según resaltó el abogado Sanclemente, este proceso debe ser justo y no se le puede obligar a la Fiscalía a irse a un juicio con pruebas que no evidencien una responsabilidad penal, pues “se estaría vulnerando los derechos del expresidente solo por el interés de algunos, politizando la justicia para buscar una condena basada en mentiras”.
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“Si la Fiscalía pide la preclusión es porque evidenció que la persona no cometió el delito y es su deber demostrarlo. Eso hace parte de las funciones que tiene la Fiscalía dentro de su labor investigativa y este punto hay que tenerlo en cuenta porque muchos casos se han llevado y la Fiscalía, sin pruebas, se va a un proceso, arma todo el show y luego terminan perdiendo los casos porque no tienen las pruebas. No hay que instrumentalizar la justicia para fines políticos”, finalizó.
