Dos patrulleros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá fueron condenados por recibir dinero a cambio de no capturar a unos jíbaros en la ciudad de Medellín, Antioquia.
Los uniformados fueron sentenciados por los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público y peculado por uso.
Se trata de Francisco Antonio Castañeda Mejía y Jhon Fredy Peñaranda Mendoza, alias el ladrón, quienes fueron condenados a 69 meses y 66 meses de prisión respectivamente.
Los dos policías fueron hallados responsables por haber retenido a dos expendedores de alucinógenos y exigirles dinero a cambio de liberarlos, con el fin de no vincularlos a procesos penales por el delito tráfico de estupefacientes.
La Fiscalía General indicó que Castañeda y Peñaranda llegaron a un preacuerdo después de la formulación de acusación y aceptaron los cargos formulados por un fiscal de la Unidad de delitos contra la administración pública.
De acuerdo con la investigación, entre el 30 junio de 2017 y el 15 de febrero del 2018, los patrulleros de la Policía capturaron a dos reconocidos coordinadores de plazas de vicio en el centro de Medellín, en posesión de considerables dosis de narcóticos.
Según las declaraciones de testigos y de los propios delincuentes, los retenidos no eran dejados a disposición de los fiscales, sino que eran conducidos hasta algunos puestos de Policía del sector donde les exigían sumas que oscilaban entre los 3 y los 5 millones de pesos para dejarlos en libertad y no judicializarlos.
En algunos casos se habrían quedado con parte de la droga incautada, informó la Fiscalía General.
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El ente investigador señaló que otro de los casos investigados está relacionado con la retención ilegal de un mensajero que, al parecer, transportaba marihuana en una motocicleta.
A la víctima le fueron retenidos sus documentos y la moto en la que se movilizaba, mientras conseguía la suma de $1’500.000 para devolverle sus propiedades.
La Fiscalía mencionó que los investigadores del CTI establecieron que los policías, adscritos a los Comandos de Atención Inmediata (CAI) del barrio Boston, la Plaza Minorista y el Parque de Bolívar, habrían alterado los libros de población de la institución para tratar de evitar los seguimientos judiciales.
Por los mismos hechos están acusados el intendente Ferley Antonio Grajales Quiroz, y los patrulleros Sammy José Taboada Torres, Cristian Fernando Vergara y Adinson Robledo Torres.
