No habrá comité técnico-jurídico para revisar imputación contra Sergio Fajardo

Publicado por: gabriela.garcia el Vie, 30/04/2021 - 12:12
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KienyKe.com conoció la carta del fiscal Francisco Barbosa en la que rechaza convocar un comité técnico-jurídico para revisar la imputación contra Sergio Fajardo.
No habrá comité técnico-jurídico para revisar imputación contra Sergio Fajardo

El fiscal general Francisco Barbosa rechazó la solicitud de convocar un comité técnico-jurídico para revisar la imputación contra Sergio Fajardo por las supuestas irregularidades en un contrato de empréstito firmado en 2013 cuando estuvo al frente de la gobernación de Antioquia.

Según respondió en una carta conocida por KienyKe.com, no resulta procedente la convocatoria a un comité técnico-jurídico en este caso "a la luz de las normas constitucionales, legales y reglamentarias". 

Barbosa aseguró que, en este proceso, las decisiones adoptadas dentro de la actuación penal de la referencia son "producto de una investigación extensa, juiciosa y fundamentada en elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida por parte de la fiscal delegada que lidera el caso".

"Esta funcionaria, que pertenece al más alto nivel de la institución, ha gestionado el proceso en el marco de su independencia y autonomía, que debe prevalecer en todos los casos y en los estándares de debida diligencia", dijo.

Y agregó que, sobre la solicitud de que la Fiscalía "no se tome los plazos límite en esta actuación", basta con señalar que el ente acusador "adelantará los actos que por competencia le corresponden de conformidad con el ordenamiento constitucional y legal vigente". 

El próximo miércoles 5 de mayo se realizará la audiencia de formulación de imputación contra Sergio Fajardo, quien enfrentará cargos por las supuestas irregularidades en un contrato.

Recordemos que el pasado lunes 12 de abril, la Fiscalía General radicó de manera formal la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra el hoy candidato presidencial por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 

La fiscal octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien tiene en sus manos este caso, no solicitará la imposición de una medida de aseguramiento porque la investigación inició en 2015. 

La Fiscalía informó en la mañana del miércoles 31 de marzo que obtuvo elementos materiales de prueba que darían cuenta de las supuestas irregularidades en un contrato de empréstito o préstamo entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A., que fue suscrito el 5 de diciembre de 2013.  

Según indicó, el contrato que es objeto de investigación fue celebrado durante el periodo en el que Sergio Fajardo se desempeñó como gobernador y, además de ser jefe de la administración departamental, fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. 

La Fiscalía señaló que, del mismo modo, el hoy candidato presidencial tenía la responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato, el cual implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos. 

El quid de la cuestión es que la entidad indicó que los análisis técnicos, financieros y jurídicos evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera, y que tampoco “existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”.

“Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos. Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos”, señaló la Fiscalía en un comunicado de prensa.