La indignación por la muerte del abogado Javier Ordóñez bajo custodia policial el pasado 8 de septiembre llevó a una celeridad de los entes disciplinarios y judiciales para iniciar la investigación que determine la culpabilidad de los uniformados que lo golpearon, lo sometieron en el piso ya indefenso y le propinaron varias descargas con una pistola taser que probablemente le causaron la muerte minutos después.
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Son tres los órganos que han asumido las investigaciones correspondientes. La Procuraduría asumió la investigación disciplinaria de los uniformados, el fiscal Francisco Barbosa asignó el caso a un fiscal delegado de derechos humanos y la Justicia Penal Militar inició las pesquisas y citó a los uniformados a una audiencia con el inspector general de policía.
Aunque los uniformados ya fueron retirados de la institución con una suspensión preliminar de 3 meses, aún no es claro que destino tomará el caso, si quedará en manos de la Justicia Penal Militar o de la Justicia Ordinaria.
El exprocurador Jaime Bernal Cuellar explicó en diálogo con KienyKe.com cual es el proceso que debe seguir el caso y las posibilidades en el aspecto jurídico que podrían marcar el rumbo de la investigación.
“Por razón de esas conductas se tienen que hacer varias investigaciones. Una penal y otra de contenido disciplinario. La Policía en su interior tiene los órganos de control y puede hacer la investigación disciplinaria, pero hay una norma en las funciones de la Procuraduría que puede aplicar el poder preferente, lo que significa que le quita la competencia a la Policía y asume la total competencia la Procuraduría para hacer la investigación completamente”, afirmó Bernal.
La Procuraduría, en ese sentido, ya asumió el poder preferente y anunció el inicio de investigaciones disciplinarias a los uniformados. Este ente de control, según indicó el exprocurador, puede imponer sanciones de suspensión, destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos basado en la pruebas que le sean entregadas.
El proceso disciplinario ya inició, pero junto a este, se debe seguir una investigación de carácter penal que debe asumirla o bien la Justicia Penal Militar o bien la Justicia Ordinaria. Expertos dicen que podría ser por el delito de homicidio.
“Primero que todo tienen que determinar si la conducta desarrollada fue en el ejercicio de la función, si fue así y hubo un exceso de la fuerza que provocó la muerte de una persona, puede perfectamente conocerlo la Justicia Penal Militar”, explicó Bernal a este medio. Es decir que si fue un error de procedimiento, será la justicia especial para la fuerza pública la que asuma la investigación y condene a los uniformados.
Por otra parte, Bernal señaló que si la acción investigada no tuvo que ver con la función policial, el caso pasaría finalmente a la Fiscalía, como órgano investigador de la Justicia Ordinaria. “La investigación fundamental sería por posible homicidio, porque esta persona murió por la agresión violenta con el taser”, señaló el exprocurador.
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Finalmente indicó que será un juez quien determine, con base en las pruebas que se presenten, si la conducta estuvo dentro de las funciones policiales o no, por lo que deberán empezar a responder por el homicidio y el delito de ejercicio arbitrario de la función pública.
