Tras la muerte de Javier Ordóñez luego de que dos policías lo sometieran y lo impactaran en numerables ocasiones con una pistola taser, y los cerca de ocho muertos y más de 150 heridos que dejó la manifestación en contra de ese abuso policial, se volvió a plantear la necesidad de regular las intervenciones de la Policía Nacional en las protestas y el control de las personas civiles.
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En ese sentido, en el Congreso dan tránsito varios proyectos de ley que buscan establecer protocolos de intervención policial para controlar el orden público, uso regulado del armamento policial e incluso prohibición de algunos artefactos que, aunque considerados de letalidad reducida, han provocado la muerte de varias personas en las últimas manifestaciones y protestas en el país.
Para la representante María José Pizarro, autora de uno de los proyectos que busca regular la intervención y el armamento de la Policía, las muertes del 8 y 9 de septiembre estaban cantadas. “Lo veníamos alertando y nos parece un despropósito no haber sido atendidos por la administración local ni por parte del Gobierno Nacional, todas las denuncias que se venían haciendo en materia de derechos humanos desde las movilizaciones de 2018” alertaban del peligro de esas armas y el uso desproporcionado de la fuerza, aseguró en diálogo con KienyKe.com.
Pizarro, junto a los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino, radicaron el proyecto luego de un debate de control político al Ministerio de Defensa en el que denunciaron las, ya en ese momento, altas cifras de abuso policial que se habían denunciado y registrado durante el Paro Nacional de finales del año 2019.
“En el debate que tuvimos, el ministro de Defensa Holmes Trujillo utilizaba el término ‘armas no letales’. Nosotros le explicamos que son de letalidad reducida, quiere decir que si no se hace un correcto uso, no se siguen los protocolos, no hay atención a las municiones, pues obviamente son armamentos que pueden producir y causar la muerte que es lo que hemos visto en los casos más recientes de Dilan Cruz y Javier Ordóñez, pero que también hemos visto en movilizaciones indígenas, campesinas y estudiantiles, cómo no solamente pueden producir la muerte, sino amputaciones o pérdida de ojos”, señaló Pizarro en diálogo con este medio.
Lo que se propone en el proyecto es que se prohíba la escopeta calibre 12 que causó la muerte al estudiante Dilan Cruz en 2019, se revise el uso de la taser que posiblemente produjo el fallecimiento de Javier Ordóñez, se revisen los protocolos de intervención a las alteraciones del orden público, se analice cuál es el correcto empleo de los gases lacrimógenos, se acabe efectivamente el empleo de las llamadas “recalzadas” y se estudie la letalidad de las marcadoras o pistolas de proyectiles de goma, similares a los de pinball.
“Debe revisarse el armamento y la inversión en materia de armamento. Recordemos que hace poco salieron dos noticias de tanquetas no tripuladas que estaba adquiriendo el Esmad y todo el software espía de redes sociales que podría conducirnos a una situación que consideramos alarmante, que es el seguimiento, perfilamiento y ciberpatrullaje que está promoviendo la Policía Nacional”, agregó la representante Pizarro.
A parte de este estudio al empleo de armamento de letalidad reducida que utiliza la Policía para controlar las manifestaciones públicas, señaló que es necesario dar celeridad a las investigaciones contra uniformados señalados de exceder el uso de la fuerza y establecer autoridad al interior de la fuerza o identificar a quien permita el uso indiscriminado del material policial. “O no están atendiendo a quienes están comandando la Policía, o hay connivencia con ese tipo de actitudes que son precisamente las que se buscan erradicar”, señaló Pizarro.
La representante señaló que no debe perseguirse a la ciudadanía que respondió al abuso policial, sino a la institución de la Fuerza Pública. Javier Ordóñez, según Pizarro, fue la gota que colmó el vaso de indignación que tenía la ciudadanía a causa de los reiterados abusos policiales que se han evidenciado y denunciado desde el Paro Nacional.
“No nos pueden decir que se va a investigar, porque nosotros revelamos que las investigaciones no prosperan y los casos deberían pasar de la Justicia Penal Militar a la Justicia Ordinaria. Debería haber una actuación eficaz por parte de la Procuraduría en casos de investigaciones disciplinarias en contra de miembros de la Fuerza Pública que hayan sido denunciados por usos desproporcionados de la fuerza”, puntualizó Pizarro.
Señaló que esta situación presentada en la capital del país responde, o bien a una desobediencia de los uniformados en la calle de la autoridad que rige la fuerza pública, o una panacea de impunidad que les da vía libre a los policías para exceder la fuerza sin consecuencias disciplinarias y judiciales.
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“Si las investigaciones en contra de los miembros de la Fuerza Pública, cuando hay abuso de la fuerza, cuando hay un uso desproporcionado, cuando hay brutalidad, no se investigan, es casi como si les estuviéramos dando carta libre para poder actuar. Como no han habido investigaciones, son muy pocos los casos con avances, es como si le dijéramos a la Policía que pueden seguir actuando como han venido actuando”, sentenció Pizarro.
Afirmó que tanto el Gobierno Nacional como la administración distrital deben asumir el control de la fuerza pública, condenar de manera enfática los excesos, abusos y violaciones de los derechos humanos y no “ con pronunciamientos tibios que casi que buscan estigmatizar a la ciudadanía, endilgar responsabilidades a sectores políticos y no asumir la propia responsabilidad”, puntualizó.
