El Partido del Trabajo de Colombia (PTC) aseguró que es falso que haya otorgado un aval o una invitación formal a Diana Osorio, esposa del exalcalde Daniel Quintero, para competir en la consulta del 8 de marzo. El pronunciamiento llegó después de que circulara una carta atribuida a la colectividad y que se presentó como base de un anuncio político.
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El partido marca distancia de la carta
La colectividad, a través de voceros del propio partido, sostuvo que el documento difundido no salió de instancias oficiales y, por tanto, no representa una decisión interna válida. En esa línea, el PTC negó que hubiese definido a Osorio como reemplazo inmediato o como candidata respaldada para la consulta.
El desmentido cambió el foco de la discusión: ya no se trata solo de si una candidatura despega o no, sino de cómo se verifican los papeles que circulan en redes cuando un anuncio se vuelve tendencia en cuestión de horas.
El trasfondo es la decisión sobre Daniel Quintero
El episodio ocurre en paralelo a la resolución de la Registraduría que negó la participación de Daniel Quintero en la consulta del "Frente por la Vida" del 8 de marzo. La entidad argumentó que el exalcalde ya había participado en una consulta anterior, en octubre, y aunque anunció su retiro antes de la votación, su nombre permaneció en el tarjetón y terminó con 144.677 votos, un hecho que pesó en la decisión.
Según lo reportado, Quintero puede apelar ante el registrador general y el plazo mencionado para hacerlo llega hasta el 6 de febrero. Además, la Registraduría elevó consultas al Consejo Nacional Electoral (CNE) en medio de lecturas distintas sobre los alcances de las consultas y sus restricciones.
Avales en disputa y un mensaje para la campaña
En este contexto, el debate sobre el PTC se suma a la ruta de avales que ha rodeado a Quintero, quien ya había recibido respaldo del movimiento AICO para sostener su aspiración.
Más allá del pulso coyuntural, el caso deja una alerta práctica para el año electoral: cuando una carta se presenta como "oficial", los partidos quedan obligados a reaccionar rápido, aclarar qué documentos los representan y cuáles no, y evitar que la discusión pública se vaya por el lado de la autenticidad en lugar de las propuestas.
