La Procuraduría General le dio la razón a la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y le pidió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que remita su proceso por presunta manipulación de testigos a la Fiscalía General de la Nación.
Para el Ministerio Público, el alto tribunal de justicia perdió la competencia para seguir con la investigación tras la renuncia del máximo líder del Centro Democrático a su curul en el Senado de la República.
Argumentó que con la renuncia desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado el exsenador, soborno y fraude procesal, "corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista".
"No hay prueba de que el doctor Uribe Vélez -con ocasión de los presuntos punibles en los que incurrió-, hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder; ello, pues téngase en cuenta: por un lado, que si no existe prueba siquiera sumaria de que el sindicado se hubiere valido o utilizado sus facultades como senador para supuestamente cometer tales delitos, mucho menos obra alguna encaminada a demostrar que en la presunta comisión de los mismos se excedió o abusó de sus labores congresuales", mencionó la Procuraduría en su análisis del caso.
A juicio del Ministerio Público, la simple coincidencia temporal de la presunta comisión de los hechos y la condición de ostentar el cargo de Senador de la República, no puede considerarse como suficiente para extender el fuero y por ende la competencia es de la Fiscalía General de la Nación luego de la renuncia al cargo.
La entidad ratificó el llamado del procurador Fernando Carrillo Flórez frente al deber que tienen todos los funcionarios de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales.
Señaló que, con la separación definitiva del entonces congresista a su curul, desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, "por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista".
“El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso consagra, y a ninguno otro ajeno al mismo, por parte de las autoridades o de los ciudadanos. Todos los funcionarios públicos desde el presidente de la república hasta el más modesto de los servidores públicos deben respetar y cumplir las decisiones de la justicia, absteniéndose de cuestionar, desacatar o promover el incumplimiento de las mismas, sin interferir los principios de independencia y autonomía del poder judicial, básicos para un Estado que presuma ser de derecho”, manifestó.
