Ad portas de cumplirse dos años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC- EP parece que en el país y en especial en el Departamento Norte de Santander, una de las regiones más afectadas por un conflicto armado de 50 años, la implementación de los acuerdos y el posconflicto fueran a paso de tortuga.
Para los actores incluyendo a la sociedad en general no fueron suficientes los dos extenuantes años que tardó la estructuración del documento de 310 páginas que contempla los compromisos del Estado y los de este grupo al margen de la ley, para abandonar la vía de las armas y abordar el debate político; al terminar las negociaciones y acuerdos aún persisten los señalamientos e incumplimientos a lo pactado, mientras que en la región de El Catatumbo las comunidades continúan en un atraso de más de 200 años, al no contar con servicios básicos como agua potable y energía eléctrica obligados a seguir en el negocio de la siembra de coca, para su posterior producción en municipios aledaños a Cúcuta su capital.
En temas de seguridad la región sigue experimentando un fenómeno casi único en el mundo; posconflicto con la guerrilla de las FARC, pero en medio de la confrontación con otros dos grupos guerrilleros y narcotraficantes como el ejército de liberación nacional ELN y la banda criminal ‘los pelusos’, retrasando la ayuda estatal a los habitantes de las zonas más apartadas donde delinquen estas organizaciones pues los atentados, secuestros, extorsiones y voladuras a la infraestructura petrolera persisten.
La coca continúa siendo el sustento de miles de familias colombianas que viven en las zonas más inhóspitas del país y al ser las FARC su mayor y principal comprador de la hoja al tiempo que la única autoridad, en las zonas se ha desbordado la siembra de la planta al punto que podemos afirmar que la región está inundada de guarapo de coca y es que no sólo los espacios dejados por las FARC los están tomando otros grupos al margen de la ley para el control territorial, sino para fortalecer su poderío económico siendo esta la única alternativa de financiación de su lucha armada o caprichos.
‘Entregar el país a la guerrilla’ y consigna que caló entre los colombianos y que hace muy difícil que se dé el primer paso que suplicó el papa Francisco en su visita al país; sin olvidar los pocos gestos de paz, arrepentimiento y solidaridad de los ex combatientes y cabecillas con las víctimas de sus atrocidades. El grupo guerrillero como el gobierno nacional están pésimamente asesorados y sus intenciones de paz y de cambio llegan de manera distorsionada a la población, el país aún no ha saciado su sed de venganza.
Sin duda el reto para el país es que el actual mandatario de los Colombianos, continúe de manera disciplinada y con constancia los acuerdos que ya van en macha con la guerrilla del ELN, y que mas allá de las teorías desarrolle políticas que permitan hacer sostenible en el tiempo lo prometido a los grupos al margen de la ley para evitar su reincidencia y llevar desarrollo a las poblaciones de los municipios de Norte de Santander, afectados seriamente por la incursión de grupos paramilitares y guerrilleros.
Erradicar la corrupción es otro de los retos que deben afrontar las autoridades y en especial la ciudadanía nortesantandereana, pues sin una sociedad comprometida con la paz, visualizando esta más allá de silenciar unos fusiles, no podremos obtener la igualdad de oportunidades, el desarrollo, la productividad y la generación de empleo que necesita la región para combatir las elevadas cifras de desempleo e informalidad que actualmente caracterizan especialmente a Cúcuta.
¿Y ahora qué nos queda? Necesitamos que los actuales líderes políticos del país hagan su propio proceso de paz y depongan los intereses particulares por los que beneficien a la comunidad en general, la nación ya no puede centrar el debate político en sólo dos pensamientos ideológicos, puesto que hay temas de mayor interés e impacto que necesitan atención ciudadana y respaldo colectivo para que su ejecución sea óptima y se logre beneficiar a las personas afectadas por el conflicto, que diariamente engrosan los índices de pobreza.
