Hablar de la crisis migratoria venezolana y los sucesos políticos dentro del país son una constante de incertidumbre y medias verdades. Hace unas semanas atrás la Cruz Roja era el puente de recepción de cargamentos de medicamento y utensilios quirúrgicos que serían suministrado a 28 hospitales del país y ocho centros de atención primaria; todo bajo el aval del señor de los bigotes.
El debate político y tendencioso es lo que ha impedido desde el primer día las acciones de asistencia humanitaria dentro de la Pequeña Venecia, y en ese sentido la cooperación internacional se ha mantenido al margen, conservando su mandato y ejerciendo una imparcialidad a pesar de la calamidad -por ello no se les puede juzgar-.
Sin embargo, cuando hago referencia a que la ayuda humanitaria ya pasó, me refiero precisamente a las estrategias y objetivos que en su momento hizo que la cooperación internacional se instalara en la frontera colombo-venezolana y que se hiciese un despliegue en el hemisferio para la preservación de los derechos fundamentales de los casi 3 millones de venezolanos que hemos salido de nuestro territorio.
A pesar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) construyó en Maicao el Centro de Atención Integral (CAI) para migrantes, que visiona una capacidad de mil 400 personas, y ha estado apalancando otras iniciativas de albergues, casa de paso y redes de acogida, la verdad es que todo esto está pensado para brindar atención temporal y para cuando ocurra lo peor: una guerra.
No obstante, el enfoque del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) ha tomado nuevos caminos -aunque no sea de manera pública-. La generación de oportunidades y la estabilidad para la ejecución de un proyecto de vida son la nueva visión del fenómeno migratorio y es la que ha permitido, por ejemplo, que 100 familias venezolanas hayan formado parte de un programa de financiación y capital semilla para el emprendimiento en La Guajira a través de la Fundación Acción contra el Hambre, y con el que se garantiza la superación de situaciones de calle o vulnerabilidad.
Asimismo, que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se ideé y formule mecanismos de empoderamiento y generación de medios de vida, fortalecimiento organizativo y ejercicio de integración comunitaria a través del proyecto Frontera de Oportunidades y la Asociación Salto Ángel -en Maicao y Riohacha-, son sinónimo de que el asistencialismo ya pasó, y que llegó el momento de trabajar por el desarrollo y la productividad de las naciones que hoy se convierten en el nuevo hogar de los venezolanos.
Es así como el Estado colombiano ha cambiado su discurso, empieza a ver las oportunidades y el potencial que puede obtener de la población migrante, ha dejado de lado la frase: “Colombia nunca ha sido receptora de migrantes; nosotros no sabemos de eso” y se ha enfocado en generar políticas públicas que invitan a la estabilidad y permite a los venezolanos idearse un proyecto de vida, superar la añoranza de lo perdido y volver a soñar con la prosperidad.
Un ejemplo claro es el CONPES 3950 que dictamina la generación de estrategias dentro de las instituciones del Estado para garantizar el acceso a la formación y la capacitación en oficios a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las resoluciones de la Superintendencia de Finanzas con respecto a la vida crediticia y el abrir cuentas bancarias a inmigrantes, la inclusión en bolsas de empleo y el ablandamiento de la norma para la conformación de empresas y nacionalización de capitales que dinamicen la economía colombiana.
Por último, se pueden considerar las declaraciones de Christian Kruger Sarmiento, director de Migración Colombia, con respecto a la prorroga que tendrá el Permiso Especial de Permanencia (PEP) a aquellos venezolanos regularizados con la Resolución 5797 del 2017, y que en su momento el saliente presidente Juan Manuel Santos ponía orden a la situación de ese contexto, como una acción de contundencia para garantizar la estabilidad y no jugar con lo jurídicos como contratos de empleo, acceso a la salud, procesos académicos y de formación educativa y trámites migratorios.
Ante esta nueva vertiente, queda claro aquella pregunta que solían hacernos a los venezolanos: ¿De haber un cambio en Venezuela regresarías?, ha quedado obsoleta. Nunca tuvo relevancia y simplemente plantea el desafío del Gobierno que se haga del poder en Venezuela para repatriar a su gente; también revela que el cambio no será pronto.
