Las democracias surgen desde los sentidos más amplios. Desde su origen griego se entiende como el poder del pueblo, pero con la evolución del Estado Social de derecho se ha hecho más complejo que eso, e implica brindar la totalidad de garantías a los procesos electorales, lo que en gran parte de América Latina siempre ha generado suspicacia por los altos niveles de corrupción y especialmente por los manejos poco transparentes de algunos gobiernos.
Un ejemplo de ello es lo que ha venido sucediendo en Venezuela pero no por la constituyente del fin de semana que acaba de pasar sino desde que Hugo Chávez tomó el poder. El punto es que la mayoría de los países y gobiernos vecinos no le pusieron atención a los desmanes y violaciones que ejecutó Chávez y luego su sucesor Maduro.
De diferentes formas lo han hecho conocer cada vez más diferentes opositores al régimen de Maduro sin ser escuchados hasta que algunos líderes mundiales quisieron visibilizar esa realidad y apoyar a la oposición venezolana.
Lo que ocurrió el fin de semana es señal clara, no sólo de la existencia de una dictadura sino de la violación tanto de la constitución venezolana como de los tratados internacionales relacionados con la participación ciudadana.
Las cifras de participación que publicó el Consejo Nacional Electoral de 8 millones de personas son absolutamente imposibles frente a lo planteado por la oposición de 2.2 millones de personas. Una diferencia tan alta marca una duda ostensible frente a la credibilidad de los resultados.
Lo paradójico es la reacción de los bloques regionales que debieron hacerlo hace muchos años y no cuando hay tantos venezolanos muertos por los desmanes de Maduro, cuando Mercosur anuncia que podrá suspender a Caracas del organismo es absolutamente una reacción diplomática que debieron tener hace décadas y no dejar avanzar tanto la situación, ser un acompañante real de los países y no un cómplice como ha sido hasta ahora. Callar y no actuar a tiempo es lo mismo que apoyar lo que estaba ocurriendo en territorio venezolano.
96 personas detenidas y 16 asesinatos evidencian la barbarie durante el proceso electoral, lo que jamás debe darse en un escenario democrático e institucional. No hay testigos electorales, ni garantías de terceros internacionales independientes, lo que viola directamente la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Esto sin contar la censura absoluta a los pocos medios de comunicación que transmiten todavía desde Venezuela.
La reacción de Colombia también es retardada, después de apoyar a Maduro y usarlo de garantía para el proceso de paz con las FARC por 7 años con una política exterior cómplice con Venezuela y silenciosa frente a las violaciones de derechos humanos, ahora cuando surge ante toda la comunidad internacional el rechazo a los resultados electorales entonces si rechazan la situación.
Era la mejor salida indudablemente para estar a fin con países como Estados Unidos, México o Panamá, entre otros. Pero absolutamente acomodada a la realidad política actual después de tantos años de compinchería.
La mayoría de los centros electorales fueron llenados con ciudadanos bajo amenazas y presión, con violencia, sin la más mínima garantía. Se instalará entonces una Asamblea Constituyente absolutamente espuria, con un Presidente de mínima credibilidad y con instituciones corruptas al servicio de un sistema ilegítimo.
Ya es hora de plantear una posición unificada contra el régimen venezolano en todos los bloques regionales, especialmente en la Organización de Estados Iberoamericanos –OEA– ya es claro que la mayoría de países miembros están de acuerdo en responder a esta dictadura.
No pueden seguir lamentándose por los asesinatos y enviar notas diplomáticas, ya es tiempo de una reacción en bloque y ojalá una intervención que permita salvar vidas y restaurar un verdadero sistema democrático.
