El pasado 11 de marzo los colombianos fuimos testigos de la debilidad del sistema electoral, en un día trascendental en el que se elegía, por un lado, el nuevo Congreso de la República y por otro, la elección de candidatos presidenciales a través del mecanismo de la Consulta. En tan importantes eventos cuyo responsable de la organización electoral era la Registraduría Nacional del Estado Civil se demostró la falta de previsión y debilidad.
Esto mostró varios escenarios. El primero cuando el Registrador afirmó que no recibió los recursos completos que había solicitado al Ministerio de Hacienda para hacer las consultas. La pregunta práctica es si sabía que los recursos no eran suficientes, debió alertar al Gobierno y a los partidos políticos de la realidad que implicaba no tener todas las herramientas para ello, como la impresión de los tarjetones.
Sin embargo, llama la atención que ahora no se tuvieran los recursos para dos consultas pero para la del partido liberal sí se tuvieron $40.000 millones para llevarla a cabo ¿no será que los recursos tienen un condicionamiento político?
Otro escenario que se presentó fue la afirmación del Registrador que no esperaba tanta participación y que no necesitaría tantos tarjetones, por esta razón, al planear sobre menos votación se hizo la distribución proporcional en cada puesto y al aumentar hacia las 10 a.m. del día de elección los votantes no había como responder al hecho.
Llama la atención cómo desde la apertura del proceso electoral se evidenciaron los vicios, porque no es posible que se abran las mesas si no se tiene el material correspondiente y completo para la cantidad de votantes registrados, no tiene sentido que la propia Registraduría planeara no tener el material “supuestamente” porque la votación históricamente para las consultas era menor. El punto es que se abrieron las mesas sin el material correspondiente, lo cual no se puede hacer.
Por otro lado, se demostró como las “mesas de justicia” que deben estar en cada puesto de votación como garantes del proceso electoral, coincidencialmente en los puestos donde se agotó el material de las consultas no estaban los funcionarios o no estaban enterados de cómo proceder o simplemente no querían actuar.
¿Cuáles serán las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación frente a los funcionarios que no cumplieron sus funciones de garantes?
Un tercer escenario, fue el de los jurados “tapados” es decir, aquellos que escondían el tarjetón de consulta, fuera de que no habían suficientes, algunos con videos ciudadanos probaron que los estaban escondiendo.
Así mismo, si el votante no solicitaba los tarjetones de la consulta no se los ofrecían tampoco, luego el deber de información de los jurados en la gran mayoría fue nula. ¿Qué hacer entonces con estos jurados amañados para el próximo proceso electoral?
En un cuarto escenario, sacar fotocopias para ejercer el derecho al voto, si bien estaba previsto como plan de contingencia en una Resolución de la Registraduría Nacional era absolutamente insólito que una situación así se diera, porque en la práctica el Registrador sale en rueda de prensa a dar la orden a sus jurados que eran válidas las fotocopias, lo que no explicó mientras los ciudadanos reclamaban su derecho al voto era quién y cómo sacaban las copias.
Era imposible que la Registraduría las sacara y las llevara a tiempo a cada puesto de votación, algunos jurados diligentes las mandaron sacar y en otros casos los ciudadanos fueron a tomar su fotocopia.
En resumen, queda un sin sabor, de qué fue lo que realmente pasó: unos recursos que no llegaron, una Registraduría que no previó la participación de la consulta, unos jurados amañados, o una estrategia para afectar la participación real en las consultas y para el Congreso, nadie puede explicarlo.
Y como siempre en un país donde la justicia es lenta y no es para todos, seguramente no habrá responsables, lo ideal es que para finales de esta semana el Procurador General debería sancionar disciplinariamente a todos los funcionarios responsables como demostración de la gravedad de lo ocurrido.
La verdad es que ante el desastre de las organizaciones públicas lo fundamental a rescatar, que los colombianos no permitimos que nos vulneraran el derecho al voto, y eso debe ser una alerta para el próximo proceso electoral.
Nos debemos preparar para las elecciones presidenciales, Colombia siempre ha sido un ejemplo de democracia para América Latina y estas falencias comienzan a afectar esa confianza en el sistema, si los ciudadanos no somos conscientes de estas alertas la elección presidencial será un caos que podría terminar en alteraciones graves del orden público.
Por tanto, la recomendación es estar alerta, los partidos políticos deben tener un plan de contingencia electoral ante las fallas del sistema, la Registraduría debe planear el proceso con garantías y evitar la improvisación.
El ministerio de Hacienda debe entregar los recursos para garantizar la totalidad del proceso, los órganos de control y la rama judicial a trabajar y cumplir sus funciones en los puestos de votación, los observadores internacionales a pronunciarse y visibilizar la realidad.
El próximo 27 de mayo nos jugamos la democracia en Colombia y no podemos cometer ni permitir errores, fallas o saboteos, es la oportunidad de rescatar el país de un gobierno desastroso, corrupto e inútil.
