Colombia es una tierra de desastres anunciados, y no aprende. Uno que se veía venir, que era evidente, que hasta el más lerdo podía prever, ya está encima con todas sus consecuencias. La toma de los territorios ocupados por la Farc por parte de otros grupos armados, bandas aquí llamadas Bacrim; y por la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Digámoslo de entrada: es cierto que la violencia del conflicto hace varias semanas no enluta hogares colombianos ni deja mutilados ni lleva heridos al hospital Militar por la actividad armada de las Farc, pero un nuevo y previsible monstruo asoma en el horizonte y amenaza como en los peores tiempos.
El triunfalismo del Gobierno de Juan Manuel Santos, las altisonantes declaraciones, las visitas de misiones extranjeras a ver el milagro de la paz, no pueden ocultar la realidad de una nueva violencia en regiones apartadas de los grandes centros urbanos.
Las noticias que llegan del Guaviare, del Chocó, de Putumayo, de Nariño; la presencia casi exótica hace unos años de carteles mexicanos en Colombia, la lucha por los corredores de droga hacia el Pacífico son señales de un reacomodo de fuerzas en el mercado de la cocaína que era muy fácil haber previsto.
Una de las particularidades del proceso de paz colombiano fue la que se abordó durante las conversaciones de La Habana como “solución del problema de las drogas ilícitas”, es decir la producción de cocaína de la que Colombia ha sido líder mundial.
Las Farc, la contraparte del gobierno en esas conversaciones, se financiaron durante el último cuarto de siglo con esa producción y al día de hoy, cuando está en marcha la puesta en práctica de los acuerdos de paz la situación en ese aspecto no puede ser dramática.
Según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, divulgadas en su último informe, Colombia tiene 188.000 hectáreas cultivadas con coca y puede producir al año 700 toneladas de cocaína. Y en el último informe sobre cultivos ilícitos del Departamento de Estado norteamericano enviado al Congreso se señala que los cultivos de coca en Colombia incrementaron un 42% entre 2014 y 2015, y en ese mismo período aumentó la producción de cocaína en un 60%.
Estas cifras indican que el negocio es hoy más floreciente de lo que fue en tiempos de Pablo Escobar. ¿Puede alguien extrañarse de la ocupación que se está haciendo por parte de diversos grupos armados de los territorios antes ocupados por las Farc?
Enviar el ejército y la policía a las zonas de producción de coca es matar moscas a cañonazos. Los campesinos colombianos van a continuar con un negocio que es a todas luces más rentable que los cultivos tradicionales. Saben de su ilegalidad y seguirán viendo a la fuerza armada como un elemento hostil. ¿Tendrá el gobierno colombiano medios para mejorar sus condiciones de vida, para ganarse a la población cultivadora de coca, que sería la única manera de erradicar a los nuevos ocupantes armados?
Sabían cuando se sentaron en La Habana que esto podía ocurrir y no se previó. Como siempre la improvisación, sello de todas las iniciativas que se emprenden en Colombia.
