Ministro Molano, no los deje

Esta es una historia de esas que, como suele decirse, sólo pasan en Colombia. Pero pasan, causan a lo mejor algo de asombro en personas normales durante unos días, se olvidan y, al cabo del tiempo, si te he visto no me acuerdo. Me refiero a otra maniobra planificada desde un organismo del Estado para manejar el dinero público al antojo y en beneficio de unos cuantos particulares desde la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), como hemos sabido en las últimas horas. La ANTV, como se sabe, reemplazó a la muy desprestigiada Comisión Nacional de Televisión (CNT). Cómo estaría de desprestigiada esta última y cuál no sería el nivel de escándalos y corrupción que hasta el gobierno de Álvaro Uribe pretendió echarla abajo, pero “no se pudo”. Pues bien, el gobierno de Juan Manuel Santos logró algo que parecía imposible, acabar con la CNT. Este engendro creado por los constituyentes de 1991 -decían que como organismo ejemplar para fomentar la creación de contenidos de los canales públicos, regular y administrar el sector- terminó convertido en la cueva de Alí Babá. Los contratos irregulares, el despilfarro y la inoperancia de la  Comisión fueron de tal calado que hicieron posible que ¡el Congreso colombiano! tumbara por mayoría, quitándole su rango constitucional, un organismo que manejaba la perita en dulce de 200 mil millones de pesos de presupuesto. Ahí es nada el bombón para el clientelismo. Acabaron, pues, sus señorías con aquel mercado persa por iniciativa del gobierno y procedieron a crear la flamante Autoridad Nacional de Televisión. Los objetivos de ésta fueron más limitados pero quedó con los más significativos de la hermanita muerta: las concesiones, la administración de licencias del sector, la regulación de los contenidos y el fomento y creación de programas para canales públicos; eso sí, sin las libertades financieras de la difunta CNT, sus atribuciones presupuestales quedaron en manos del Ministerio de Hacienda. Según su creadores, la ANTV tiene cinco miembros que, para el caso que nos ocupa, son hoy: un representante de la Universidades, Alfredo Sabbagh; un representante de las Gobernaciones, Alexandra Falla; un representante de la Sociedad Civil, Beatriz Quiñones; el ministro de las TICs, Diego Molano y un representante del Gobierno Nacional cuyo nombre ignoro en este momento. Como se ve, dos representantes del Gobierno contra tres de la más rancia política. No me negarán que los representantes de las Universidades y las Gobernaciones no lo son, y ni se diga la representante de esa cosa etérea, intangible y desconocida que llaman la Sociedad Civil. Atención a la bolita. ¿Dónde está la bolita? Los miembros de este nuevo organismo, ¡también quieren manejar el dinero! Por arte de birlibirloque de repente apareció un abogado, Germán Rodríguez Villamizar, que a finales del pasado año aunque sólo lo venimos a saber ahora, presentó una demanda para recuperar la autonomía presupuestal de la entidad y así controlar los gastos del ente regulador de la televisión en Colombia. Pero no sólo eso, intentan demandar la presencia del Gobierno en la junta directiva de la ANTV. Es decir, volver a manejar el dinero y que no haya allí testigos incómodos para supervisar ese manejo. ¿Quién ha hecho el contrato con el abogado Sr. Rodríguez Villamizar? No se sabe. ¿Quién paga los altos honorarios de ese contrato? Usted y yo, amigo lector,  con nuestros impuestos. ¿Conseguirán su objetivo los miembros de la ANTV? Puede ser, en este país todo es posible. El ministro Molano ha dicho que el Gobierno lo impedirá, pero cuando le han preguntado cómo es que ha podido ocurrir esto perteneciendo a él al organismo rector de la ANTV, su respuesta no queda muy clara, para decirlo suavemente. ¿Cómo es que el Gobierno se ha dejado meter este gol? Ya nos lo dirán. Queda de todo esto una reflexión. La Comisión Nacional de Televisión y, por lo tanto, la Autoridad Nacional de Televisión son una herencia más de la Constitución de 1991, una Carta Magna en la que metió la mano -no lo olvidemos- el narcotráfico y cuyo verdadero origen sería muy interesante que algún historiador nos explicara un día de estos; pues esa entelequia llamada Séptima Papeleta que dio lugar a aquella Constituyente, fue algo tan etéreo, intangible y misterioso como lo que hoy se hace llamar Sociedad Civil. A ella, a la Carta del 91, debemos la Comisión Nacional de Televisión, la Vicepresidencia, el Consejo Superior de la Judicatura y alguna institución más inútil, perversa o dañina para la sociedad colombiana.