Corría el mes de junio de 2001 y los maestros colombianos llevaban más de un mes en paro pidiendo al gobierno nacional y al Congreso que no aprobaran una radical reforma a la Constitución de 1991 -la cual sólo tenía diez años de existencia y ya ajustaba varios remiendos-, que consistía en disminuir el monto de los recursos transferidos por la Nación a las entidades territoriales para financiar la prestación de los servicios de educación y salud, por la vía de modificar la forma de calcularlos anualmente.
Quien se había dado la pela en el Congreso convenciendo a los parlamentarios que era “conveniente y necesaria” esta modificación constitucional era el ministro de hacienda de entonces, quien salió muy orondo a los balcones del Capitolio a mostrar con su mano la V de la victoria a los maestros que atiborraban la Plaza de Bolívar en el último día de su prolongado paro. Ese personaje que desafió a los docentes con la noticia de que el gobierno había logrado su propósito de cercenar de una vez y para siempre los recursos con los que el gobierno atendía su obligación constitucional de financiar la educación de los colombianos, era ni más ni menos que el actual presidente Juan Manuel Santos, el mismo que hoy responde a las demandas de los maestros diciendo que “no hay plata”.
Y el actual ministro de hacienda justifica la afirmación de su jefe sobre la incapacidad económica del Estado para atender las peticiones de los educadores con el argumento de que valen 21 billones de pesos y deja en el aire la sensación de que este gremio está pidiendo remuneraciones astronómicas, pues el criterio casi generalizado, esparcido por los grandes medios de comunicación, es el de que los maestros sólo pelean por el aumento salarial o porque les paguen dineros que les deben. Pero si uno se toma la molestia de buscar la verdad sobre lo que ha solicitado Fecode en el pliego de peticiones que hace casi tres meses le presentó al gobierno, encontrará que uno de los mayores reclamos es que se financie en su totalidad el retorno a la jornada única de estudio, luego de medio siglo de haber sido implantada, por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, la doble y triple jornada en los establecimientos educativos del Estado; esta medida, anunciada en sus inicios como transitoria para atender la demanda de cupos escolares a través del aprovechamiento al máximo de la capacidad locativa de los colegios públicos de entonces, se quedó como una decisión permanente; la promesa de invertir los recursos suficientes para tener la cantidad de instituciones educativas y de docentes que se requieren para brindar educación de calidad a todos los colombianos se quedó en eso, en una promesa jamás cumplida.
Regresar a la jornada única escolar, aquella que disfrutaron nuestros abuelos, con permanencia todo el día en la institución educativa, interrumpida sólo por el tiempo dedicado al almuerzo, sería muy favorable para la educación colombiana. Pero el gobierno no ha mostrado disposición para hacer las inversiones que este cambio requiere, pues se necesita construir casi el doble de colegios actuales, reparar buena parte de los existentes que están a punto de derrumbarse, vincular casi el doble de docentes para que atiendan las nuevas instituciones, proporcionar almuerzo a los estudiantes que por diversas razones no puedan ir a sus hogares a tomar este alimento vital, reajustar los salarios de los docentes que por el cambio de jornada laboral deberán permanecer todo el día en su institución y perderán los empleos adicionales de jornada diferente a la que hoy tienen, asumidos para completar ingresos más acordes con sus necesidades que el pobre salario devengado en la actualidad.
Y aunque hay otros temas de relevancia en las peticiones de los maestros al gobierno, como la solución a los deficientes servicios de salud que tienen hace varios años, el aumento salarial de 2017 y la seguridad de que se van a cumplir acuerdos anteriores sobre una nivelación salarial más justa en los próximos años, la verdad es que el de la jornada única es el tema más impactante para la educación, para su desarrollo futuro, para que juegue verdaderamente el papel que está llamada a desempeñar, como fuerza impulsora de los cambios que se requieren en Colombia para superar la crisis socio-económica que hoy soporta, salir del atraso y arribar a la modernidad.
Tal propósito obliga a replantear la posición de los gobernantes frente a la educación, o que el pueblo replantee su posición frente a quienes lo deben gobernar, si los mismos de siempre, o nuevas figuras que tengan el futuro del país en su mente, y sean capaces, por ejemplo, de dar el salto del actual 3,8% del PIB que significa el gasto público en educación, al 7% que se requeriría para resolver los principales problemas de ese sector.
Somos un país de contrastes: mientras el gobierno afirma que no hay plata para educación, crecen las denuncias sobre las descomunales sumas de dinero que se pierden por efecto de la corrupción desbordada en todos los niveles. Sin ir muy lejos, para no tratar los sonados casos de Odebrecht, de Navelena, de Corficolombiana, que se producen en la contratación de obras públicas, en educación se conocen todos los días las maniobras de los gobernantes regionales que se embolsan los recursos destinados a la alimentación escolar, o los contratos con operadores privados para prestar el servicio educativo que llenan sus arcas con dineros estatales para educar “alumnos fantasmas”. Y en todos esos casos, los beneficiarios de los contratos con el Estado son los que se ganaron ese “derecho” financiando las campañas electorales de los mandatarios que, después de ser elegidos, firmarían tales contratos.
Es verdad que la sola implantación de la jornada única en la educación pública no es suficiente para salir del atraso y el subdesarrollo. Se requieren también grandes inversiones en ciencia y tecnología, el otro rubro que acusa gran atraso en el presupuesto nacional, y que en lugar de crecer desciende. Se requiere una política de fomento y protección a la producción nacional, agropecuaria e industrial, hoy en crisis por cuenta de las decisiones macroeconómicas equivocadas que privilegian la llamada locomotora minero-energética, los tratados de libre comercio y la inversión extranjera como únicos motores de desarrollo. Pero como los cambios en las estructuras sociales y económicas de las naciones son precedidos de cambios en las mentes de las personas, la educación tiene un sitio de privilegio en esos cambios. Y si la calidad de la educación que brinda el Estado tiene relación con la jornada única escolar, bienvenida sea, pero con la financiación adecuada, no una jornada única de mentiras, como la que hoy impulsa el gobierno nacional.
