La cultura configura la identidad de un país. Y para ello, es necesario estimular la representación de todas las regiones y que sus identidades puedan verse reflejadas. Este es precisamente el objeto de algo como el Sistema Público de Canales Regionales.
Colombia ha tardado muchísimos años en construir un Sistema Público de Canales Regionales como el que tiene ahora, reconocido y premiado a nivel mundial. Contamos con nueve canales en total: Teleislas, Telepacífico, Telecaribe, Telantioquia, Telecafé, Canal TRO, Canal Trece, Canal Capital y RTVC (Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, Señal Memoria y RTVC Play).
Estos canales tienen como objetivo misional representar la cultura y la identidad de cada región en un contexto de nación. Y su fuente de financiación, así como su funcionamiento, depende de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), el ente encargado de brindar las herramientas para la ejecución de los planes y programas de la prestación del servicio público de televisión. Algunos de sus objetivos son velar por el acceso a la televisión, garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia del servicio. Además, la ANTV cuenta con el apoyo financiero del Fondo para el Desarrollo de la Televisión (Fontv).
Pero ahora, hemos sido sorprendidos con una noticia bastante preocupante. Un proyecto de ley, el 174c de 2017, que busca “promover la convergencia entre la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y los servicios de televisión y de radiodifusión sonora, ordenando la supresión y liquidación de la ANTV”. Se trata, en resumidas cuentas, del inicio del fin del Sistema de Medios Públicos y del Sistema de Canales Regionales.
El Fondo Nacional de Televisión y la Autoridad Nacional de Televisión se acabarían, y todo se transferiría bajo el concepto de convergencia al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), perdiendo su capacidad autónoma y de decisión.
La convergencia está siendo entendida en dicho proyecto de ley como un concepto meramente de plataformas tecnológicas, y hay que verla también como un concepto de contenido, puesto que va más allá de cómo un contenido se puede expresar a través de diferentes plataformas, por ejemplo, móviles, Internet o televisión abierta. Consiste, mejor, en cómo la estructura narrativa del contenido se complementa e interconecta con cada una de las plataformas por donde se va a transmitir, expandiendo así sus posibilidades de interacción y re-edición, pero también de monetización democrática.
Bajo esta premisa, entendida a medias como argumento de fondo, con el PL 174c de 2017 se estará sacrificando algo más importante: el rol que cumple la televisión y en general los medios públicos en la configuración de la identidad de la nación, y la oportunidad de que economías regionales emerjan en torno a escenarios transmedia.
Los canales regionales están hechos para representar la cultura regional y para dinamizar la economía creativa en muchos lugares de nuestro país. La televisión pública regional también ha sido una encubadora de talentos desde hace más de dos décadas, en ciudades donde cientos de jóvenes aspiran a dar a conocer sus creaciones en materia audiovisual.
Según la plataforma ciudadana Creatividad para Colombia, existen ocho ciudades intermedias del país con oferta académica para la producción de bienes y servicios creativos, entre las cuales se encuentra la comunicación social, la radio, la realización audiovisual, la animación, el diseño, entre otras. De modo que, al poner en riesgo los medios públicos y la televisión pública regional, conduciéndolos a su desaparición, también se está impactando negativamente la posibilidad de surgimiento de esa economía emergente y joven.
“Lo que vemos hoy con el Proyecto de Ley 174c de 2017 es lo que venimos analizando hace dos años desde que estamos construyendo el Proyecto de Ley de Estímulo a la Creatividad en Colombia, y es que nuestro país requiere un proyecto de identidad nacional y un sistema de cultura viva basado en la producción de sus medios estatales. Ahora, con este sorpresivo escenario, lo que se está haciendo es entregarle el Sistema Público de Canales Regionales a las multinacionales; ya que la convergencia plantea -también- unos únicos distribuidores de contenidos.”
Este, sin duda, es el primer acuerdo del Partido Liberal a favor del candidato presidencial Iván Duque y su Ley Naranja. Y es un acuerdo que, entre otras cosas, busca generar un extractivismo cultural y creativo, al permitir que nuestro mercado interno de radio, televisión y multimedia se reduzca a maquilar contenidos para las grandes plataformas de entretenimiento; dejando a un lado la posibilidad de representar nuestra bioriginalidad, que en últimas es lo que puede hacer únicos y valiosos los bienes y servicios creativos que produce nuestro país en el mercado global.
No es un tema menor. Estamos hablando del desarrollo de cientos de procesos de economía reflejados en la producción audiovisual, en la producción del arte, en la producción de contenidos, en la producción transmedia, porque -incluso- ahí están los videojuegos y los contenidos digitales o para Internet que se producen en todos los rincones de Colombia, donde vemos el caso de ciudades como Bucaramanga, que para sorpresa de todos -siendo denominada como una ciudad intermedia- hoy es la mayor exportadora de videojuegos del país.
La convergencia no debe servir como pretexto para minar el buen y esforzado camino que han venido transitando los medios públicos, sino para entender la enorme oportunidad de fortalecer instrumentos como la Autoridad Nacional de Televisión, que fomentan el desarrollo de procesos cuyo potencial aún estamos entendiendo en Colombia y que no podemos destruir en la víspera.
Los invito a todos a que revisen muy bien el proyecto de ley 174c de 2017 y a que nos movilicemos con argumentos, para que una vez más no desechemos oportunidades sin haberlas comprendido e impidiendo el advenimiento de un fuerte sector de la economía: La economía creativa nacional.
