Según Informe de IQAir Air Visual, entre “las principales fuentes de emisiones que contribuyen a la contaminación en todos los países” se cuenta “la quema de la biomasa para la calefacción y cocción doméstica y comercial”. Y es bien sabido que en Colombia más de 982 mil de hogares usan leña o carbón vegetal para la cocción de sus alimentos, con una eficiencia energética deplorable que va entre el 5% y el 15%, desperdiciando este recurso.
En este orden de ideas, preocupa que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del actual gobierno no contemple medidas contundentes tendientes a sustituir el consumo de leña y carbón vegetal por gas natural o gas licuado de petróleo (GLP), como una de las estrategias para reducir la deforestación, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, de paso, reducir también las enfermedades atribuibles a la contaminación del aire al interior de las viviendas, el que inhalan especialmente las amas de casa y los párvulos, afectando gravemente su salud.
Pese a ello, como lo advierte el ex vicepresidente de ECOPETROL y experto en el tema Luis Augusto Yepes, “el Plan Nacional de Desarrollo plantea como meta para la sustitución de leña un total de 100.000 familias en el cuatrienio, lo que quiere decir que se necesitarán aproximadamente unos 40 años para dotar a estas familias de un energético digno para atender sus necesidades de cocción de alimentos”. Y concluye, con toda razón, diciendo que “si el tema central del Plan de Desarrollo es el Pacto por la Equidad, difícilmente se entiende que las familias más pobres que viven en la periferia de las ciudades y en las zonas rurales, lejos de todos y de todo, no se les de un tratamiento especial en el Plan mediante el diseño de metas de cubrimiento más agresivas que permitan acelerar la transición de la leña a, por ejemplo, GLP, que es el combustible más apropiado para este tipo de sustitución”.
En el pasado gobierno se dio un paso importante en la dirección correcta, al demarcarse las 40.1 millones de hectáreas del territorio como frontera agrícola, de las 111.5 millones de hectáreas de la superficie continental, poniéndole limite “que separa las áreas para la actividad agropecuaria de aquellas para la conservación o protección de la biodiversidad”. Este paso se dio en cumplimiento del Acuerdo Final firmado con las FARC y en ello jugó un papel de la mayor importancia la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (UPRA). Está contemplado, también, en la Ley 1776 de 2016 de las Zonas de Interés de Desarrollo, Económico y Social (ZIDRES). Se creó también la Comisión Intersectorial para el Control de la deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales (CICOD). Ello era necesario pero no suficiente, resta darle operatividad y eficacia para que todo no se quede escrito en el papel, que lo soporta todo.
Al analizar el proyecto de PND presentado por el gobierno para su trámite en el Congreso de la República destacamos el hecho de que en el mismo se categoriza “la biodiversidad y la riqueza natural como activo estratégico de la Nación”, lo cual va en línea con el compromiso del país con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), de reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia el 2030 y el Informe final de la Misión de Crecimiento verde, que lideró el ex director del DNP Hernando José Gómez. Por ello nos parece inconsecuente e incoherente plantear, como lo hizo la Viceministra de Ambiente María Claudia García, que la meta de este gobierno se limite a “detener el crecimiento de la deforestación en el 2022” y a asumir resignadamente que “la deforestación se empezará a estabilizar hasta el año 2030”. Mientras tanto, que nos coma el tigre.
Interrogada sobre si “la meta es mantener la cifra actual, mejor dicho, que cada año se siga deforestando máximo 220.000 hectáreas de bosque, como ocurre hoy en día”, su respuesta fue tajante: “sí, así es. Eso significa detener la deforestación…Esa cifra sí o sí va a seguir aumentando”. Eso significa que la ambición del gobierno, ratificada en la página 1.200 de las Bases del PND, se limita a “detener el crecimiento exponencial”. Qué resignación, por Dios, conformarse con que se siga deforestando hasta el 2030 un área de bosques equivalente al 65% del área del territorio del Departamento del Atlántico y un 120% de la del Departamento del Quindío (¡!).
