La renuncia del director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, ha sido interpretada en medios políticos como la antesala de graves problemas legales para el funcionario del gobierno Santos y la inminencia de una medida de aseguramiento.
Andrade –personaje con las más altas conexiones sociales y económicas en Bogotá- no ha sido tan ajeno a tantas triquiñuelas y corrupción en lo que se ha denominado el escándalo Odebrecht. Los encartados (algunos ya en la cárcel) habrían comprometido legalmente al señor Andrade.
El día crucial es este viernes y Andrade tendrá que ponerle la cara a un juez de Paloquemao que escuchará los cargos que en su contra tiene la Fiscalía “por interés indebido en al celebración de contratos”.
Andrade habría firmado otro sí, antes de someterlo a consideración del Conpes, bajo su responsabilidad (o irresponsabilidad) o muy seguro de que su solicitud pasaría sin dificultades, dada la confianza que siempre le tuvo (o se tuvieron) con el Presidente de la República.
El asunto se relaciona concretamente con la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, firmado entre la ANI y el concesionario de la Ruta del Sol II, que hacía parte de Odebrecht. Andrade pudo haber cometido actos irregulares o ilícitos, según se desprende de documentos digitales y testimonios de personas ya comprometidas, como el senador Bernardo Elías Vidal.
La relación entre Otto Nicolas Bula, el Ñoño Elías e Andrade habría llegado muy lejos, en detrimento de la transparencia de los negocios del Estado y a favor tanto del funcionario como de los políticos para favorecer a Odebrecht. Juan Sebastián Correa Echeverri es pieza clave en la investigación y en contra de Andrade, por ser su hombre de confianza. Y al parecer también de Bula y Elías.
En el sistema judicial colombiano, el principio de oportunidad de los encartados conduce a delaciones y sorpresas. Y los malos pasos de Andrade podrían estar saliendo completos y a la luz pública en las siguientes horas.
