Atacar la desnutrición, propósito de todos

Por Alfredo Deluque Zuleta Representante a la Cámara @deluque Independientemente de las consecuencias negativas que generó y pueda seguir generando la sequía que azotó  a La Guajira, lo que de hecho es un factor de mucho peso que frustra aún más el ánimo personal de satisfacción de las necesidades primordiales, es necesario que nos esforcemos por recordar cuáles pueden ser las causas o variables que tienen  relevancia o incidencia en la situación nutricional que han venido padeciendo los sectores más deprimidos del Departamento de La Guajira, en especial, la población indígena, que sufrió un incremento del 300% al pasar del 125.000 en 1992 a más de 400.000 en la actualidad. Resulta absolutamente imprescindible en tanto que es perfectamente entendible que solo podríamos acercarnos a la solución efectiva de la problemática, en la medida en que conozcamos las causas de la misma manera que el profesional de la medicina tratará adecuadamente a su paciente y acertará en su medicación, en la medida en que lo hubiere diagnosticado acertadamente. Naturalmente, por no considerarme un experto en esta delicada problemática, no se trata de efectuar un estudio científico, sino emitir unas opiniones fruto de la experiencia  personal con la realidad social y económica del departamento y la vivencia con las comunidades indígenas, que cada uno de ustedes podrá adicionar con sus propios conceptos. Sea lo primero señalar que el territorio en donde se asienta la casi la totalidad de la población indígena del Departamento, es precisamente la que presenta las mayores características desérticas, en donde no existe una sola corriente de agua superficial, dependiendo por ello de los pozos profundos y de las escasas precipitaciones pluviométricas que son almacenadas en los reconocidos jagüeyes y que por esa circunstancia se constituye en la fuente de  agua altamente contaminada de que dispone mayormente esa población, con las fácilmente entendible consecuencias negativas sobre el organismo, y sobretodo en la salud de los niños. Esa paupérrima condición ambiental desfavorable, que además, en nada favorece la explotación agrícola, es quizás la razón para que la mayoría de la población no se concentre en grandes centros poblacionales sino en miles de pequeños asentamientos llamados rancherías, caracterizadas por ser básicamente agrupamientos familiares, demandando un amplio entorno territorial para así adelantar una de las pocas actividades medianamente productivas más reconocidas, como es la cría de caprinos, ante la imposibilidad de contar con pastizales o condiciones  adecuadas de producción de alimentos para sus pequeños rebaños. La situación anterior se torna más dramática debido a que el sistema vial de las zonas indígenas está constituido solo por trochas o carreteables, con la sola excepción de la vía carbonera que desde Uribía conduce a Puerto Bolívar, en regular estado. Increíble que para recorrer 160  kilómetros entre la cabecera municipal de Uribía y su corregimiento más importante, como es Nazaret, se requieran cerca de seis  horas, en vehículo campero en perfectas condiciones. Esa característica de dispersión de la población, es una de las circunstancias que viene a determinar una serie de implicaciones negativas sobre los indígenas, como son, entre otras, dificultad en el establecimiento de infraestructura educativa, de salud y de prestación de servicios públicos a la usanza de los centros poblados, lo que exige la adopción de métodos excepcionales o especiales para que el estado pueda lograr una presencia efectiva a favor de estas comunidades. Recordemos como, por ejemplo, el solo hecho de haberse restringido los recursos de regalías para el costoso transporte escolar, ha traumatizado el desplazamiento de los niños y jóvenes a los centros educativos localizados en los centros poblados. Dentro del marco anterior, vale la pena  interrogarnos sobre cuáles serían las variables específicas que deberían tenerse en cuenta, sin pretender que las dichas sean las únicas: 1. El bajo nivel de escolaridad. Imposible desconocer cómo este aspecto tiene un alto impacto en el desarrollo de la familia en cuanto tiene que ver con la adopción de pautas de conductas, actitudes o comportamiento frente a la crianza y cuidado de los niños. Recordemos cómo, para asistir a las escuelas, por el asentamiento disperso de la población, los niños deben trasladarse a pie varios kilómetros diariamente, bajo altas temperatura e inclemente sol, y para colmo de males, deficitariamente alimentados. Se requiere un esquema de educación especial. Téngase presente, por ejemplo, que en el municipio de Uribía, el segundo municipio en extensión de Colombia, y que cobija a la mayor población indígena del Departamento de la Guajira, solo existen, además de su capital los asentamientos mayores de Puerto Nuevo, Nazaret, Puerto Estrella, Siapana y Cabo de la Vela, y no es precisamente en ellos en donde residen la mayoría de los Wayuus, sino en las miles de rancherías dispersas. 2. El paupérrimo y en ocasiones inexistente ingreso de la familia indígena. Imposible esconder el impacto que la ausencia de unos mínimos ingresos tienen sobre el desarrollo de la familia y más específicamente sobre el niño, por lo que es necesario atacar esta circunstancia en forma prioritaria e integral para adoptar mecanismos y ejecutar acciones que mejoren el ingreso familiar. A título de ejemplo recordemos de qué manera una actividad generalizada en el día de hoy como es la elaboración de las mochilas wayuu, a cargo de las mujeres, se ha constituido en un elemento más de explotación de su trabajo. 3. Para la gran mayoría de los varones el panorama no es menos desolador. Su actividad económica se centra en la cría de pequeños rebaños de caprinos, en un ambiente natural agrícola hostil y poco productivo, en la pesca artesanal, en la vinculación como vigilantes en los centros poblados, como porteadores en los puertos artesanales y en la búsqueda de disimiles trabajos temporales u ocasionales en el vecino país Venezolano, tan deprimido en los últimos años, factor este que genera una crisis laboral y social en la alta guajira tanto en la población masculina como femenina. El otrora complejo de explotación de las salinas de Manaure, que captaba en sus distintas facetas de explotación una significativa mano de obra indígena en época de cosecha, es hoy un espejismo del que todo se lamentan gracias a múltiples errores cometidos en la reformulación del esquema de explotación en la que tuvieron mucho que ver tanto el Estado como los socios particulares de la empresa SAMA. 4. El sueño wayuu de residir o laborar en Venezuela por las favorables perspectivas cambiarias ha desaparecido y lo que se registra ahora es un desplazamiento desde dicho país, agravado con la escasez y alto costo de productos de la canasta familiar que antaño aprovechaban las familias guajiras, no solamente de extracción indígena, lo que ha significado un desmesurado incremento en el costo de vida. 5. La deficiente y aparente atención que en materia de salud brindan las entidades responsables de este sector, como son las EPS, a las cuales se encuentran vinculados la casi totalidad de los indígenas, entre otras razones, por no contar con un mecanismo especial adecuado para la prestación del servicio eficiente a una población dispersa. 6. Ausencia total de fuentes naturales de agua. Ante esta situación las comunidades indígenas solo han contado en mayor proporción para su consumo, uso doméstico y abrevadero, con los jagüeyes construido a lo largo de todo el territorio y que  se nutren de las aguas lluvias que son precisamente escasas en estas zonas reconocidamente desérticas, y que sufren alta contaminación. En aquellas zonas indígenas en donde se dan las condiciones hidrogeológicas adecuadas, se han perforado alrededor de  600 pozos e instalados los correspondientes molinos para extraer una agua de regular calidad por los altos contenidos de cloruro, molinos que desde que al Gobierno central colombiano se le ocurrió que lo mejor era acabar con Proaguas, empresa adscrita al IFI Concesión Salinas, sin que se implementase el esquema sustituto, permanecen en su mayor parte dañados. Un inventario general de aprovechamiento de aguas subterráneas en el Departamento de La Guajira, elaborado por la Corporación Autónoma Regional, nos informa de la existencia de aproximadamente 2000 pozos profundos en el Departamento, sin incluir el municipio de Uribía Visto las variables anteriores, que terminan por afectar al sujeto más vulnerable como es el niño, nos resulta obligatorio pensar en cuáles son las soluciones que deben plantearse y ejecutarse prioritariamente para erradicar, como práctica general  la política del asistencialismo estatal, y que emanan como corolario de todo lo expresado. 1. Diseñar e implementar programas específicos excepcionales de generación de empleos y/o actividades productivas que signifiquen mejoras del ingreso familiar, relacionadas especialmente con la actividad pesquera, artesanal y pastoril. Es esta última la más importante a ejecutar, dado que no podemos pretender mantener en condiciones de asistencia alimentaria permanente a todas las familias, por las implicaciones  que ello genera. 2. Adelantar un ambicioso programa de construcción y mejoramiento de vías. Desde hace más de 20 años el Departamento ha venido requiriendo al gobierno nacional para la construcción de la vía de la Soberanía Nacional o circunvalar que bordearía toda la Alta Guajira y desde la cual se ramificaría a todos los sectores, facilitándose el acceso de la población dispersa a los centros poblados, con todos los beneficios que ello implica, inclusive en invierno en donde quedan absolutamente aislados. 3. Garantizarle a las comunidades indígenas dispersas la provisión de agua para consumo humano, uso doméstico y abrevadero. Hay que partir del hecho de que si bien es cierto que lo ideal sería poder canalizar y entubar las aguas de la vertiente nororiental de la Sierra nevada de Santa Marta, no es menos cierto que un proyecto de esa envergadura, apenas incipiente, si se dispone su iniciación inmediatamente, no estaría listo, de acuerdo con los parámetros de la eficiencia estatal colombiana, en menos de 10 años. Recordemos cómo la iniciación efectiva con la contratación del proyecto ranchería, del diseño y construcción, en el año 2002,  tardó cerca de ocho años, sin que aun se inicie la segunda fase. De manera que la solución inmediata a emprender no tiene solución distinta a la de construcción de pozos profundos, que están ofreciendo superiores resultados que en el pasado al detectarse mejores acuíferos a mayores profundidades, no superiores a 250 metros, construcción de  jagüeyes con plantas de tratamiento para potabilización y plantas desalinizadoras para las zonas costeras. Paralelamente, la tarea a emprender es recuperar todos los pozos construidos en las zonas rurales indígenas, mediante su mantenimiento y limpieza así como de los molinos de extracción de agua. No sé si a esta soluciones es las que llaman pañitos de agua tibia, pero son las únicas para el corto y mediano plazo. Fundamental que las autoridades municipales adelanten tareas de concertación con las autoridades indígenas para erradicar, en donde se diere, la práctica de cobrar a las rancherías vecinas, por permitirle aprovechar las aguas, en proyectos financiados por el Estado. No es lo más aconsejable estructurar proyecto de explotación de aguas subterráneas en la zona rural indígena a 500 metros de profundidad, tal como se logró en las zonas urbanas de Maicao, Riohacha y Uribía, por la elemental razón de que no se cuenta con la infraestructura de suministro de energía para extraer grandes caudales, que además harían onerosa la explotación. Debe pues diseñarse el proyecto para la zona rural en la recuperación de los cientos de pozos y molinos existentes. 1. Montaje de toda una red de prestación de servicios de salud primarios en las zonas indígenas, con el concurso de los entes del sector salud del  orden Departamental, Municipal y las IPS y EPS, todas las cuales además,  en concurso con la estructura del ICBF, deben microfocalizar y prestar servicios de atención alimentaria a la población infantil que lo amerite, apoyándose esta actividad con parte de los recursos asignados a los resguardos indígenas. 2. Ofrecer a las familias previamente caracterizadas, dada su crítica situación económica, acceso a los programas de asistencia social, para la entrega de subsidio con fines alimentarios, así como implementar la provisión de alimentos a la alta Guajira proveniente de Venezuela lo que obliga a adoptar medidas que impidan  su retorno o ingreso a otros sectores. Por todo lo anterior, es evidente que la solución de los problemas que afectan a La Guajira y sus niños no es solo una y va a depender de la efectiva coordinación que realicen las autoridades locales y departamentales con el Gobierno Nacional quienes desde ya deben prepararse para pagar la deuda histórica que tienen con la región. Confiamos que la atención que ha puesto el presidente Santos en la Península de La Guajira en este nuevo gobierno, perdure durante todo su periodo y se convierta en política de Estado para los gobiernos venideros.