Carrusel de la Contratación requiere velocidad

Desde que comenzó el sonado y vergonzoso caso del Carrusel de la Contratación en Bogotá, se ha dicho por quienes han sido vinculados al mismo, múltiples, categóricas y enérgicas manifestaciones de rechazo con ocasión de su vinculación. Todos, sin excepción, han manifestado que se trata de un abuso del principio de oportunidad por parte de los delincuentes para obtener la rebaja de sus penas y que los motivan propósitos ocultos de carácter político o personal. Igualmente, han dicho que resulta improcedente que se le de credibilidad a las declaraciones de unos delincuentes confesos. Obviamente quienes delatan a los coautores, facilitadores, cómplices, etc., de los hechos delictivos son los delincuentes mismos, pero no por ello pueden desestimarse de plano sus declaraciones ni aceptarse sin fórmula de juicio. Sospechosa resultaría la delación de un personaje que dice ser inocente y estar ajena a la comisión de un delito. Solo quienes participan en la comisión de los hechos delictivos tienen la debida y total información sobre los delitos cometidos. Por ello, no pasa de ser una frase de cajón cuestionar las informaciones y declaraciones que los delincuentes confesos allegan y hacen ante la Justicia. Los vinculados están en su derechos de rechazarlas, pero la Justicia está en el deber de resolver la duda con prontitud. Cosa diferente es que la Fiscalía acuse y los jueces condenen de forma infundada basándose exclusivamente en el decir de un testigo o de  delincuente confeso. Esto último resulta contrario a derecho y lamentablemente han habido no pocos e infortunados casos en la Justicia colombiana que merecen el rechazo general. La libertad de una persona es sagrada, así como la presunción de inocencia. Principios que algunos medios de comunicación, fiscales y jueces manejan a su antojo. No obstante lo anterior, en el caso del Carrusel de la Contratación, el citado principio de oportunidad ha dado muestra de ser al parecer efectivo. Claro que si bien resulta indignante encontrarse con delincuentes confesos en los lugares públicos de la ciudad de Bogotá, llenos de escoltas y carros blindados, haciendo gala de sus descaro moral y personal, también resulta reconfortante que cadenas inmensas de corrupción formadas entre políticos, empresarios y abogados del más alto nivel vienen siendo desmanteladas y judicializadas gracias a las delaciones de aquellos. De no haber sido por la efectividad de ese instrumento procesal del sistema penal colombiano, otra sería la historia de impunidad en el mayor saqueo descubierto a que fuera sometida la Ciudad Capital de Bogotá. Llama la atención que los primeros al igual que los últimos vinculados al Carrusel de la Contratación alegaban y alegan molestos ante los medios de comunicación por semejante abuso de las autoridades al darle cabida y credibilidad a las declaraciones de los delincuentes confesos, para pasar en breve a aceptar sus responsabilidades y proceder a delatar a nuevos delincuentes. Estos inocultables episodios se han podido observar públicamente desde la entonces denuncia de los hermanos y primos Nule que pasaron de ser unas supuestas víctimas como empresarios de parte de políticos, funcionarios y abogados, para pasar a ser protagonistas confesos con ellos de corrupción, hasta la reciente captura del exsecretario de Salud Héctor Zambrano, quien luego de expresar categóricamente ante los medios de comunicación su inocencia, rápidamente pasó a confesar sus delitos y a procurar colaborar con la Justicia de forma efectiva. Precisamente a partir de la colaboración de Héctor Zambrano, los medios informativos recogen en esta semana escandalosas y preocupantes declaraciones de quien fuera Secretario de Salud del Distrito durante dos Administraciones de los Partidos Políticos de la izquierda colombiana. Señalo que preocupantes, de una parte, porque ahora se mencionan personajes que aparentemente han estado alejados de la dinámica de la política capitalina, pero que resultan inexplicablemente, hasta ahora, vinculados por el exsecretario Zambrano al citado carrusel; y de otra, porque si bien todos los mencionados han rechazado categóricamente tal mención, igual lo hicieron todos los anteriores quienes finalmente resultaron judicializados y algunos hasta condenados. Hoy se mencionan nombres tan importantes como el de los Senadores, Juan Fernando Cristo, recién elegido Presidente del Congreso de la República y Roy Barreras, expresidente del mismo, como los de los Senadores Plinio Olano Becerra y Samuel Arrieta, y se reiteran los nombre del exrepresentante Germán Olano Becerra y los de los concejales Orlando Parada, Andrés Camacho, Jorge Ernesto Salamanca, Jorge Durán Silva, Antonio Sanguino, Omar Mejía Báez, Hipólito Moreno y José Juan Rodríguez. La Fiscalía está en el deber de actuar de forma diligente y pronta. Pues si llegaren a ser fundadas las denuncias del señor Zambrano, estaríamos frente a una grave deslegitimación de la clase política con influencia en Bogotá. Y de llegar a ser infundadas, no pude permitirse que la falta de prontitud de la Justicia ponga en entre dicho los nombre de esta nueva lista de políticos del orden nacional y la institucionalidad del Concejo Distrital. Cuando hoy se hallan judicializados congresistas, el alcalde mayor, el personero distrital, el contralor distrital, varios concejales, varios funcionarios, varios empresarios y varios abogados, no puede exigírsele a la ciudadanía que no sienta gran preocupación y legitimo temor porque estos nuevos vinculados al Carrusel puedan resultar ciertos como lo fueron los anteriores. @RFelipeHerrera