En el país ha hecho carrera el dicho con fuerza de adagio “quien escruta elige”, pero la situación actual por ser aún más grave “quien elige al que escruta gobierna”, ha pasado a develar la existencia de una cartel electoral con características más endémicas que el cartel de la contratación que hiciera metástasis en Bogotá.
La metástasis del purulento sistema y organización electoral no es nueva, pero si es evidente la existencia de una rama electoral paralela, que tiende a industrializar un accionar delictivo para sustituir el querer popular y falsear las bases de la democracia a diversos niveles, valiéndose de truculentos mecanismos claramente mafiosos que es capaz de permear distintos niveles e instancias del desempeño de la gestión electoral: suplanta electores, falsea jurados, neutraliza testigos, compra y vende votos al mayor y al detal mediante aberrantes prácticas impunes de corrupción al elector, capaz de acceder tanto al componente tecnológico como a la instancia escrutadora, a delegados departamentales y municipales, e incluso llega de alguna manera al propio Consejo Nacional Electoral y al Consejo de Estado...
Por vía de ejemplo, recordamos en las pasadas elecciones los cocteles en Corferias y la permisividad impune hasta la fecha de las maniobras fraudulentas en Soledad, Atlántico, en las elecciones de Congreso donde se le exigieron a centenares de electores el voto a los padres de familia como condición para recibir los auxilios gratuitos de educación que mediante la gestión del parlamentario de la región previamente habría direccionado por medio de un entramado de más de 30 colegios dirigidos por los familiares de sus candidatos, que militaban políticamente dentro del mismo proyecto electoral –“ votos por cupos escolares” como lo bautizo Semana- que habría logrado un representante a la Cámara –Jaime Cervantes Varelo- y un Senador –Francisco Herrera Acosta “Si no movilizaban a su gente, sus hijos perderían el cupo en el colegio”- claro caso de corrupción educativa.
La invasión de hackers en las presidenciales que bloquearon la página de internet y que se habría generado desde un organismo de seguridad del Estado atendiendo al que sería un plan de masivos ingresos a la misma, revela otro nivel de penetración del sistema electoral.
La alteración patente de los resultados electorales no solo se habría producido en Chocó, o en recursos de Casanare, esto es en los municipios petroleros o con grandes recursos en sus arcas, sino que llegó para quedarse de manera abierta en las grandes ciudades incluida la capital de la República… la compraventa de acreditaciones de firmas para presentación de candidaturas acaba de colapsar en el Valle.
El viejo truco de los apagones de luz, justo a altas horas de la noche cuando se realiza el conteo, sigue siendo un mecanismo probado para alterar los resultados electorales, que se repitió en el conteo electoral de octubre. La luz “se fue” en Moniquirá, tierra del exdirigente conservador recién salido con presentaciones de la cárcel de la Picota, Ciro Ramírez, condenado por parapolítica, estrategia que se repitió en Quibdó, donde no fue un apagón sino una serie de apagones hasta que al parecer dejaron dudas sobre el resultado final. Esto para no hablar de las zonas de influencias del exsenador Juan Carlos Martínez, ni de la vergüenza pública de Bogotá frente a la evidente manipulación de los resultados en el Concejo Distrital…
El Consejo Nacional Electoral, hasta ahora, más parece un congresito que un tribunal electoral de corte independiente. Integrado por delegados directos de los partidos, más se ocupan de tomar decisiones con base en cálculos políticos, es decir sobre la base de sus conveniencias partidarias e incluso personales que de defender la democracia, obrar en derecho, y asegurar la transparencia del certamen electoral… las decisiones de sus comisiones escrutadoras en lugar de resolver problemas generan otros adicionales y como ocurre en la Registraduría generando en no pocos casos, la asonada callejera…
Esperamos que la presente semana el Consejo Nacional Electoral tome una decisión coherente con lo solicitado por la Procuraduría y la Red Ver, absteniéndose de entregar la credencial al candidato inhabilitado, Luis Gilberto Murillo, de quien me enteré estos días que el propio Sergio Fajardo –el gobernador más votado del país- se opuso a que los Verdes le entregaran su aval, como de igual forma lo hiciera Carlos Fernando Galán, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá por Cambio Radical, recientemente designado nuevo Zar Anticorrupción.
A los Consejeros Electorales, si en verdad aspiran a su reelección- después declarársele la nulidad de su propia elección-, deberán evitarse una investigación tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía por el prevaricato que implicaría darle la gobernación a alguien inhabilitado de manera permanente o vitalicia, Luis G. Murillo, como Gobernador del Chocó, que se suma a dos alcaldes más en el país… uno en Boyacá, por un accidente de tránsito con interdicción de funciones públicas por dos años, que le impide posesionarse; y otro en el Tolima, por alimentos.
Las modalidades de corrupción electoral, estas y otras no mencionadas, revelan la existencia de un cartel electoral que mueve ingentes recursos, a cargo de lugartenientes definidos, que disputan su territorio y ejercen un control riguroso sobre sus espacios de impunidad, haciendo patente la necesidad de abordar de manera inaplazable no solo una ambiciosa reforma integral del sistema electoral, sino una confrontación abierta para su desmantelamiento, evitando la impunidad rampante en materia de afrentas al piso democrático.
