Choque de trenes (bis)

Se anticipa un choque de trenes institucional de talla mayor. La reforma a la Justicia es el escenario de esa bomba atómica que podría poner en peligro la estabilidad de nuestra democracia. Este acto legislativo, que ha sido fuertemente combatido por las altas cortes, tiene el potencial para desencadenar una avalancha de demandas contra los parlamentarios y de debates políticos que podrían generar un bloqueo general del Estado. La reforma, un proyecto que no ataca las raíces de los problemas centrales de la Justicia, ha sido la piedra en el zapato que rompió la frágil armonía entre el Gobierno y el sector judicial. Pero como sucede con frecuencia en estos casos, los platos rotos de este enfrentamiento los asumirá un tercero, en otras palabras el poder legislativo. A los jueces no les gusta la propuesta de descongestionar la justicia dándole a abogados, notarios y centros de conciliación la posibilidad de asumir funciones jurisdiccionales. También se oponen, con razón, al dirigismo administrativo y presupuestal del Gobierno sobre la rama que prevé el proyecto. En esta reforma a la Justicia no se aborda el espinoso asunto de la tutela que tantos conflictos entre jurisdicciones ha generado. Ni una palabra es consagrada al tema de la carrera judicial, verdadero cuello de botella que impide la eficiencia de la Justicia. No hay nada respecto de las normas de favorabilidad que permiten que un asesino condenado pueda salir luego de trece meses de cárcel para maltratar a su compañera, violar a sus hijastras y finalmente asesinar de forma salvaje a una compañera de estudio. Si la justicia hubiera actuado, Rosa Elvira Cely estaría viva, seguiría soñando con ser bachiller y luego sicóloga. A las cortes no les gusta la reforma porque va en contra de la justicia, ¿de cuál justicia? ¿Será que hay algún proceso contra los operadores judiciales quienes permitieron que un verdadero peligro para la sociedad se paseara orondo por las calles? El Gobierno, en su “reformitis” obsesiva, quiere vanagloriarse afirmando que hizo una reforma estructural. Los parlamentarios, que han seguido al Gobierno votando este texto, quedarán inmersos en un incómodo debate sobre si estaban legislando en causa propia. Los ciudadanos, verdaderas víctimas de la impunidad que reina en Colombia, no recibirán una efectiva protección de sus derechos cuando el texto sea aprobado. Pasaremos meses en discusiones eternas que debilitarán, aún más, nuestra endeble legitimidad institucional. Y todo este pandemonio por una reforma que no solucionará el problema más grave que tiene Colombia hoy: la Justicia. Seguiremos ocupando el puesto 178 entre 183 países dentro del indicador del Banco Mundial de celeridad en administración de Justicia. Coletilla: resultó que la mano negra de la que hablaba el Gobierno era la mano izquierda: las Farc. representante@miguelgomezmartinez.com