Las elecciones legislativas del 11 de marzo dejaron en la escena política un ambiente enrarecido. El chisme entre los candidatos que salieron electos y los que no, giraba en torno a la posibilidad de un “fraude electoral” gestado desde la designación de los jurados de votación y la supuesta injerencia de estos en los resultados de los comicios. Y de eso se habló durante semanas sin alzar ninguna voz.
Estos rumores llamaron más mi atención cuando al revisar los resultados de los escrutinios en Barranquilla y el Atlántico era claro que estos no se correspondían con la tendencia histórica de la mayoría de los candidatos más votados en elecciones pasadas. Y en ese punto comenzó una investigación que, hasta el momento, ha arrojado tres graves inconsistencias:
El primer dato tiene que ver con las empresas que no enviaron a la Registraduría los listados de sus trabajadores y contratistas. De las 2.373 entidades que debían hacerlo, solo 1.609 enviaron los datos necesarios. Pero lo más importante es que hasta este momento –cuatro meses después de entregados los listados de las empresas– el ente electoral no ha iniciado ninguna investigación contra las personas jurídicas que omitieron dicho deber.
En total, se conformó una base de datos de 91.605 ciudadanos reportados, de los cuales solo 54.408 resultaron aptos para el ejercicio electoral, y finalmente 20.089 fueron seleccionados como jurados para prestar su servicio en las 3.034 mesas de Barranquilla. Sin embargo, 3.983 no registran en las bases de datos de seguridad social (PILA y BDUA), es decir, son fantasmas dentro de las empresas que los presentaron.
Esto deja en evidencia las otras dos irregularidades. Por un lado, empresas existentes –o de papel– están reportando como dependientes o vinculadas a su organización, personas con las que en realidad no tienen ningún tipo de relación laboral o contractual y que no registran en el sistema de seguridad social. Es decir, están entregando información falsa para que empleados ficticios sean seleccionados como jurados de votación –tal como sucedió–. Y, por otro lado, la Registraduría no está ejerciendo una depuración o control real sobre la información remitida por las entidades.
Nos encontramos ante un hecho gravísimo y hoy por fin estamos entendiendo cómo las mafias electorales influencian los resultados de los comicios desde la misma institucionalidad. Y ahora lo que resta investigar es quiénes están a la cabeza de estos actos ilegales y qué candidaturas o partidos han beneficiado.
Estamos a 10 días de las elecciones presidenciales y de terminar la primera etapa de una campaña difícil, llena de agravios y polarización. Los ciudadanos necesitamos confianza en el proceso electoral, esa misma que se ha perdido por estas irregularidades. Por esto, es urgente que la Registraduría verifique si dentro de las listas de jurados de votación del próximo 27 de mayo se están presentando las mismas irregularidades.
Señor Registrador, el fraude ocurrido el pasado 11 de marzo es evidente y necesitamos respuestas ante estas evidencias. Esta investigación ha demostrado que en Colombia no hay garantías para contar los votos. Si la forma como nos elegimos es manipulable por las mafias electorales, la democracia ni la entidad que usted dirige funcionan.
