Corrupción rampante y mea culpa empresarial

Hace unas pocas semanas registramos una encuesta efectuada entre hombres y mujeres donde se ponderaba la corrupción como el problema número uno del país, hoy el protagonismo le corresponde a los empresarios. Según encuesta de Gallup publicada por la revista Dinero, nos encontramos frente a un problema que ni para los encuestados ni  para el propio gobierno nacional pareciera  tener  salida a la vista. Lo anterior se refleja, entre otros casos recientes, en el desafiante manejo de los recursos de la reconstrucción de la crisis invernal, los cuales parecieran no escapar a la trágica y voraz suerte de caer en la tentación de la corrupción -aunque quizás menos grotesca- de la Bogotá del cartel  de los Moreno y los Nule. Sin embargo, una seria confrontación del fenómeno de la corrupción, pese a precisar de la participación decisiva del empresariado, no es suficiente y antes bien necesita integrarse -y no intentar sustituir como hasta ahora- a otros espacios más democráticos y abiertos en el ejercicio del  control social como las veedurías cívicas, por ejemplo. Los empresarios acusan  rabiosamente a la clase política de la falta de transparencia, de la ausencia de claridad en el manejo de las decisiones públicas y especialmente aquellas en materia contractual, señalan su nefasto impacto en la pérdida de competitividad a corto, mediano y largo plazo, con graves y negativas consecuencias no solo en el seno  local, regional y nacional  sino  en el concierto internacional. Este agravamiento de la corrupción sorprende en momentos en que el aparato macroeconómico da muestras de recuperación. Así el empresariado se suma a la causa nacional de la probidad no solo como parte de la pregonada responsabilidad social empresarial, esto es, como un compromiso ético, sino por la quiebra de la libre concurrencia alrededor del manejo de las compras y decisiones públicas, es decir por muy válidas razones económicas… El diagnóstico de los empresarios resulta  más crudo y revelador no solo por venir de un sector privilegiado de la sociedad colombiana y uno de sus motores históricos, sino por sus alcances. En efecto, estos revelan cómo no solo el aparato económico sino la propia  institucionalidad y los espacios políticos del país reflejan una de las condiciones más oprobiosas de la sociedad que pasa por estándares de integridad  todavía lejanos. Al mismo tiempo, de nada sirve un diagnóstico que descubre que el agua moja, sino se deja  claro cómo el empresariado está en deuda con el país por hallarse en mora de librar una batalla sin precedentes contra la corrupción que incluya no solo mecanismos de valoración y visibilización de buenas prácticas empresariales sino de una  franca promoción de la participación ciudadana, control social y veedurías, y de una  articulación con las éstas. No se trata de intentar sustituir  a la ciudadanía -como lo ha intentado fallidamente hasta ahora-,  sino de integrarse a la sociedad como un espacio articulador de carácter incluyente; y por esta vía arrimarse a estándares mejorados de participación cívica y de justicia social. Está claro que la lucha contra la corrupción no se logra por sí misma con ejercicios empresariales de corrección ni mediante el pago de crecientes contribuciones adicionales, como por ejemplo, las adiciones voluntarias al impuesto predial,  pero sí mediante el fortalecimiento de la democratización del control, tarea en la que el Estado lejos de cumplir se ha entregado a una retórica panfletaria, y como consecuencia conspira contra los espacios veeduriales organizados de manera incesante, como viene ocurriendo desde el primer gobierno de Uribe pese a constituir una de sus promesas desde su primer mandato -uno de sus puntos era la promoción de las veedurías ciudadanas independientes-, fracasando por completo en su compromiso de promoverlas y generar garantías para su ejercicio y su efectiva dignificación y reconocimiento. Más aún, el gobierno de Santos todavía no es  claro en materia de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, sus medidas de choque parecen ser más burocráticas y administrativas. La unión entre empresarios y organizaciones ciudadanas anticorrupción como las veedurías, además de una decidida política por parte del Gobierno en contra de éste cáncer que carcome a la sociedad,  podrán producir el resultado y el gran salto en la lucha contra la corrupción en la  que el propio Estado y los órganos de control han mostrado -pese a sus desiguales esfuerzos intermitentes- su incapacidad en conjurar el problema número uno, que en realidad  no es la corrupción sino la falta de voluntad de unión de todos los sectores y actores sociales para enfrentarla colectivamente, y no de manera aislada. En esta tarea integradora, para hacer un frente común contra la corrupción, que tanta falta le hace al país, señores empresarios, cuenten con nuestra disponibilidad completa. veedoressinfronteras@gmail.com