De la justicia transicional y la elegibilidad

De la justicia transicional y la elegibilidad

23 de septiembre del 2016

Un aspecto primordial del Acuerdo final al que se arribó en La Habana por parte de los negociadores del Estado colombiano por una parte y las FARC de otra y junto con la elegibilidad de integrantes de la estructura de las FARC, una vez se haya hecho efectiva la dejación de armas, se han convertido en lo que denominan los estadounidenses los issue del gran debate en torno a la refrendación de dicho Acuerdo final el próximo 2 de octubre a través del Plebiscito. Pareciera que el Acuerdo final se redujera a estos dos aspectos que, sin negar su importancia y sensibilidad, han terminado por opacar otros tan importantes y trascendentales como ellos y, lo que es más importante, son parte integral del mismo, sin poderse desligar unos de otros porque hacen parte de un solo cuerpo.

Según el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, “los responsables de delitos de lesa humanidad no van a ir un solo día a la cárcel y pueden ser elegidos a posiciones públicas”. La verdad sea dicha, en ninguna parte de las 297 páginas que contiene el Acuerdo final está dicho que se acepta que el genocidio, la violación, crímenes de guerra o de lesa humanidad “no vayan a pagar un solo día de cárcel”. Tales delitos están excluidos explícitamente de cualquier beneficio y podrán pagar penas restrictivas efectivas de la libertad entre cinco y ocho años, siempre y cuando colaboren y reconozcan toda la verdad, o privativas de la libertad con reclusión carcelaria hasta 20 años en el caso contrario.

En el acápite de la Justicia Transicional, se establece claramente que esta no aplica a crímenes de lesa humanidad y genocidios, tal y como quedó establecido en el Acuerdo final. Pero es bueno también dejar en claro que además de la investigación, juzgamiento y las sanciones que impartirá el Tribunal Especial de la Justicia Transicional, este tiene su correlato en la Comisión de la Verdad, para el esclarecimiento de los responsables de la comisión de los delitos, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de perpetración de los mismos, como también de la Unidad de búsqueda de los desaparecidos y las unidades de reparación. Ello es lo que permitirá que se conozca la verdad y sobre esta base poder reparar a las víctimas, que han estado en todo momento en el centro tanto de la negociación como del Acuerdo final.

Sostiene el ex ministro y uno de los coordinadores de la campaña por el NO del Centro Democrático Carlos Holmes Trujillo que “para las víctimas, lo importante es que haya justicia de verdad. Lo que le conviene al país es que las principales responsables de los delitos más graves paguen las penas adecuadas. Es decir, prisión, además de las penas complementarias, como el trabajo forzoso”. Lo primero que tenemos que advertir es que las victimas no opinan lo mismo que él, pues, como afirma una de ellas, Sebastián Arismendi, hijo del Diputado Hector, quien fue secuestrado y asesinado a mansalva por parte de las FARC junto con 10 diputados más, se han dado cuenta de que viendo a sus victimarios en la cárcel “no me traería a mi padre de vuelta, pero obligándolos a escucharme y escucharlos arrepentidos por lo que hicieron, me hizo sentir grande y a ellos verlos muy pequeños”.

Con lo que ha dado en llamar “elegibilidad” de los jefes de las FARC se ha armado una tempestad en un caso de agua por parte del Centro Democrático en su afán de aupar la campaña del NO en el Plebiscito. Afirma el ex presidente Alvaro Uribe, refiriéndose a las negociaciones en La Habana, que “este proceso premia al terrorismo al negar cárcel a los máximos responsables de delitos atroces”, que ya vimos que ello es falso y a renglón seguido añade que se “premia al terrorismo con elegibilidad política que no tienen esos presos, ni los paramilitares, ni los políticos que han perdido la investidura”.

Cómo contrasta esta posición del ex presidente Uribe con la sumida enantes, cuando planteó que “si un Acuerdo de paz aprueba que los guerrilleros de las FARC vayan al Congreso, hay que remover el obstáculo constitucional que lo impide. Entonces, en un Acuerdo de paz con las guerrillas, ese cambio habría que llevarlo a efecto constitucional para que puedan ir al Congreso por el bien de la patria”. Qué ha llevado, entonces, a cambiar de opinión al ex presidente Uribe, por qué lo que se podía y se debía hacer cuando él fue Presidente de la República “por el bien de la patria”, ahora resulta pecaminoso y allana el camino para que Colombia sucumba al engendro del fantasmagórico “castrochavismo”.

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