Más allá de la desazón producida por la pérdida de 1,8 billones de pesos en el valor de las acciones de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), en tan solo tres días, tras el anuncio del alcalde electo de fusionar las empresas de acueducto, comunicaciones y energía, está un asunto de fondo: la conveniencia para el país de la privatización a ultranza de las empresas estatales.
Como desde que se implantó el modelo del libre mercado en la década del 90 no había llegado a un cargo decisivo de elección popular, como es la Alcaldía de Bogotá, alguien en desacuerdo con esta forma de manejar la economía, y decidido a enfrentarla, nunca nos habíamos abocado a este tipo de confrontaciones.
El asunto es tan delicado que, por el bien del país, la discusión que empieza a plantearse debe darse no solo desde la óptica de los interesados en que las cosas sigan funcionando como vienen. La atribución del desplome de las acciones al anuncio de Petro no está comprobada, pues, al rompe, sobre el particular, argumentaciones se estrellan: unas, que sostienen que si esa fuera la causa, al día siguiente de la elección del nuevo alcalde de los bogotanos, quien repicó su propuesta de fusión durante la campaña, debería haberse presentado reacciones similares a las de la semana pasada en el precio accionario de las empresas distritales que transan en bolsa, incluida la EEB. Otras, que dicen que, evidentemente tal anuncio generó la reacción negativa del mercado que se tradujo en tan importante pérdida; una más, del mismo alcalde electo, que busca desvirtuar tal atribución argumentando que si tal cosa fuera cierta, su anuncio de electrificar el transporte bogotano habría disparado el precio de las acciones, una vez resultó elegido.
Un ejemplo del modelo que quiere replicar Petro es el de Empresas Públicas de Medellín (EPM), organización desde hace años destacada en América Latina en materia de servicios públicos, la cual reporta beneficios de diversa índole a la capital de Antioquia y a sus habitantes.
Cuando ya casi nos acostumbrábamos a que el accionar de los gobiernos no esté determinado por el bien común (con todo y sus apariencias) sino por intereses particulares, nos toca aterrizar, pues al segundo cargo de la Nación llegó un personaje que argumenta querer jugársela por lo primero y que su propósito con las empresas distritales de servicios es muestra de ello.
La conveniencia para la ciudad del esquema EEB o del de EPM es lo que debe prevalecer en la discusión técnica y pública que sobre el particular se debe dar cuanto antes. Porque es una oportunidad escasa que tiene Bogotá de tomar una decisión de fondo sobre disposiciones administrativas clave, a partir de examinar el real beneficio de todos, como debe ser. El debate que se requiere debe partir de un análisis comparativo e integral de las ventajas y desventajas de las formas de organización de las dos empresas.
Pero, con todo respeto, esa discusión no puede darse, como viene sucediendo, a instancias de los medios de comunicación de más penetración, cuya propiedad es de conglomerados económicos de los que se han desarrollado a sus anchas con el libre mercado, y que por identificarse con esos intereses se olvidaron de los de la comunidad, su razón de ser; mucho menos, bajo el tutelaje de los gremios que representan estas fuerzas económicas. Se requiere un escenario marcado por la búsqueda de ese bien común y garantizado por su neutralidad. ¿Será que podemos guardar esperanzas de encontrar en nuestro medio estudiosos y expertos comprometidos con estas características, que quieran aportar sus luces? Ojalá así sea, pues está visto que los canales de la institucionalidad democrática tampoco responden al interés general. En consecuencia, es mucho lo que organizaciones como centros de estudio y universidades podrían aportar.
